El Congreso Iberoamericano por la Vida y Familia ha emitido una nota dirigida al embajador Víctor Alfredo Verdú Vital, Vicecanciller del Paraguay, expresando su profunda preocupación por las recientes limitaciones al derecho de participación de la sociedad civil en la 54ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la comunicación, el Vicecanciller es instado a considerar una situación que, según el Congreso, constituye un agravio a los derechos humanos. Se menciona específicamente la desaparición repentina de las coaliciones de educación y cultura para la democracia, coalición para el desarrollo de la sociedad y coalición de oportunidades para el ordenamiento social contemporáneo. Estas coaliciones, formadas por organizaciones de diversos países de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, fueron establecidas bajo las reglas publicadas por la OEA en 2019 y han cumplido con los procedimientos exigidos desde entonces.
Según el Presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, Licenciado Aaron Lara Sánchez, la desaparición de estas coaliciones se produjo sin aviso previo ni justificación, tras un informe sesgado de la Universidad de Virginia. Esta acción unilateral podría interpretarse como una intromisión indebida en decisiones que no corresponden a terceros, y como una arbitrariedad de la Secretaría General de la OEA, contraviniendo el objetivo de promover la participación de la sociedad civil en todas las actividades relacionadas con la OEA.
Lara Sánchez enfatiza que las coaliciones mencionadas son independientes y autónomas, no subordinadas al Congreso Iberoamericano por la Vida y Familia, sino unidas por la defensa de valores comunes como la vida, la familia y las libertades fundamentales. Argumenta que negarles el derecho a participar bajo el pretexto de su supuesta afiliación al Congreso sería equivalente a limitar el derecho a la libre asociación, esencial para el funcionamiento democrático.
El Congreso recuerda a la OEA su compromiso con la Carta Democrática Interamericana, que establece el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que afecten su desarrollo, así como el deber de la OEA de fortalecer la cultura democrática y promover la participación de la sociedad civil en su trabajo.