El diario «El Deber» publica que Bolivia se suma oficialmente a la lista de naciones sudamericanas, “ricas en recursos naturales”, que terminan devoradas por la rigidez y la corrupción de la ideología izquierdista. El país amaneció este viernes bajo una “Emergencia Energética y Social” declarada en todo el territorio nacional; una medida que no solo es un reconocimiento del fracaso administrativo, sino un grito de auxilio ante la parálisis del aparato productivo.
El Artículo 2 del Decreto Supremo 5517 es lapidario: el país enfrenta un proceso inflacionario galopante, una escasez crítica de dólares y, lo más grave para un país petrolero, la falta de combustibles. Esta crisis, que el documento califica como «estructural», ha derivado en el incremento de costos logísticos y la detención de sectores clave como la agroindustria y el transporte, afectando directamente la canasta básica de la población.
La gestión estatal de los hidrocarburos, que durante años se utilizó como bandera política de soberanía, ha terminado por secar la producción interna, convirtiendo a Bolivia en un importador dependiente que hoy no tiene divisas para pagar lo que consume.
UNA APERTURA FORZADA POR LA NECESIDAD
Lo más irónico de la normativa emitida por el presidente Rodrigo Paz es el giro hacia el libre mercado como tabla de salvación. Ante la incapacidad de la estatal YPFB para garantizar el suministro, el decreto autoriza de manera excepcional y temporal que personas naturales o empresas privadas realicen la importación y comercialización de combustibles.
Libre importación: Cualquier actor privado podrá traer derivados del petróleo a precio de importación, rompiendo el monopolio operativo de facto que mantenía el Estado.
Desregulación del diésel: Para facilitar la logística, se ha suspendido el diésel de la lista de sustancias controladas por un año, eliminando trabas burocráticas que antes se justificaban bajo la lucha contra el narcotráfico, pero que hoy solo asfixian la economía.
UN CONTEXTO DE VIOLENCIA Y PACTOS POLÍTICOS
La promulgación del DS 5517 no ocurre en el vacío. Viene precedida por una semana de alta tensión social, bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos. El Gobierno intentó previamente imponer medidas mediante el DS 5503, el cual fue rechazado categóricamente por organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana (COB).
Para calmar las aguas, el Ejecutivo también lanzó el DS 5516, que intenta maquillar la crisis con un incremento del salario mínimo y transferencias sociales, medidas que, según analistas económicos, podrían alimentar aún más la espiral inflacionaria en un contexto donde no hay producción que respalde el consumo.
CONCLUSIÓN: EL FIN DE UN CICLO
Bolivia repite el guion de otros proyectos similares en la región: la destrucción de la capacidad productiva de su industria estratégica a manos de la política, seguida de una crisis de divisas y, finalmente, una emergencia social. La declaración de este viernes marca el fin del relato del «milagro boliviano» y el inicio de una etapa de incertidumbre donde el sector privado es llamado a reconstruir lo que la ideología estatal dejó en ruinas.
Dejá tu comentario