Durante el encuentro, Soroka reclamó con dureza celeridad, firmeza y sanciones ejemplares contra todos los involucrados en estas prácticas, a las que calificó como delictivas y moralmente inaceptables, señalando que no se trata solo de una falla administrativa, sino de un ataque directo contra familias humildes.
“Hemos pedido velocidad, aún más fuerte, con relación a los casos que están pendientes, y que sean implacables con las personas involucradas en estas mafias de los pagarés, porque han tocado a familias demasiado vulnerables”, enfatizó el legislador.
El senador relató casos extremos que reflejan la dimensión del daño causado, como el de una persona que, pese a percibir un salario mínimo, no cobra su sueldo desde hace 16 años por una deuda mínima originada en la compra de electrodomésticos.
“Imagínense una persona que gana un millón setecientos mil guaraníes y no cobra hace dieciséis años por haber retirado dos licuadoras. Imagínense a su mamá o a su abuelita extorsionadas durante tantos años por delincuentes vestidos de traje. Esa es la realidad que pasa”, sostuvo Soroka.
El presidente de la Comisión Permanente remarcó que en Paraguay existen empresarios honestos, pero también personas que construyen su riqueza a partir del sufrimiento ajeno, y reclamó una justicia verdaderamente independiente, no sometida a presiones económicas.
“Pedimos una justicia libre, independiente y justa para la gente más vulnerable, no rentada a los poderes económicos de algunas personas”, afirmó. Valoró además la presencia de los ministros de la Corte ante el Congreso, destacando que “vinieron, dieron la cara, trajeron resultados de sus investigaciones”, aunque reiteró el pedido de mayor rapidez en las decisiones.
TRABAJO CONJUNTO DURANTE TODO EL AÑO
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diésel, agradeció la convocatoria y destacó la apertura al diálogo institucional para abordar un problema complejo y de múltiples aristas.
“Fue una oportunidad para charlar francamente sobre este inconveniente, que no se reduce solo al doble cobro, sino que presenta múltiples problemas que deben ser solucionados”, explicó. Señaló que se trata de una problemática estructural que requerirá un trabajo conjunto durante todo el año, tanto con el Legislativo como con el Poder Ejecutivo.
Diésel subrayó que no se trata de generalizar ni de prejuzgar, sino de investigar caso por caso, determinar responsabilidades concretas y aplicar las consecuencias correspondientes. “Aquí no hay discriminación. Se investiga conforme surgen los casos, se puntualizan los culpables y se analizan las derivaciones de sus actos”, precisó.
INFORME DE 62 PÁGINAS EN LA WEB DEL PODER JUDICIAL
A su turno, el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón presentó un informe ejecutivo de 62 páginas, que será publicado íntegramente en la página web del Poder Judicial y difundido a través de sus redes oficiales. El documento detalla de forma cuantitativa y cualitativa los avances logrados desde diciembre de 2024.
El informe consigna, entre otros datos, la apertura de sumarios, sanciones aplicadas, renuncias de funcionarios, procesos en trámite y remisiones al Ministerio Público. Asimismo, actualiza las cifras de causas afectadas: de 23.000 casos reportados en octubre del año pasado, se pasó actualmente a 35.000 expedientes en los que se dispusieron anulaciones, levantamientos de embargos u otras medidas correctivas.
Martínez Simón reconoció además una insuficiencia estructural en los juzgados de paz, especialmente en el interior del país, lo que facilitó durante años estas irregularidades. En ese sentido, informó sobre los avances en el proceso de digitalización judicial, que ya alcanza al 42% de los juzgados de paz, con recursos propios, sin endeudamiento externo.
“Este año queremos digitalizar al menos 59 juzgados de paz más, además de los nuevos creados por ley”, indicó, resaltando que estas acciones buscan no solo reparar el daño causado, sino evitar que estas prácticas vuelvan a repetirse.
Finalmente, el ministro destacó proyectos de ley impulsados por la Corte, entre ellos uno clave que establece que los documentos utilizados en juicios ejecutivos deben ser devueltos al deudor o depositados oficialmente, para impedir su reutilización y el doble o triple cobro.
“Estamos convencidos de que esta normativa evitará la recircularización de documentos y nuevos abusos. Pedimos a la Comisión que impulse su tratamiento cuando se inicie el año legislativo”, concluyó.
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