El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley Nº 6.830 que contempla penas de entre 6 a 10 años para las personas que ingresen de manera individual o colectiva a propiedades ajenas. La pena máxima se aplicaría en caso de constatarse agravantes.
“Es un aumento del marco penal vigente, es decir una modificación del Código Penal y en cuanto a las medidas que se le puedan otorgar a las personas que sean procesadas por estos hechos sigue vigente los artículos 242 y 245 que establece la facultad a los jueces determinar de acuerdo a los casos, si la persona tendrá que guardar prisión preventiva”, detalló Huttemann.
En conferencia de prensa, remarcó que la única modificación realizada es del marco penal y que el Poder Judicial es que el seguirá aplicando la ley de acuerdo a los elementos que obren en cada caso concreto.
De acuerdo a lo señalado por el jefe de Gabinete, la normativa que fue sancionada ayer por el Congreso ya venía siendo estudiada de antemano por el Ejecutivo a los efectos de interiorizarse sobre sus alcances. “Cuando el proyecto ingresó la decisión ya estaba prácticamente tomada”, subrayó.
Finalmente desde el Gobierno afirmaron que seguirán encarando acciones combinadas con los diferentes estamentos para abordar la invasión de tierras de manera integral, atendiendo a que se trata de un tema complejo y multicausal.