El nuevo código penal debe ser ahora firmado por el presidente, indicó el viceministro de Ley y Derechos Humanos, Edward Hiariej. El código penal no se aplicará de inmediato, aunque se ha fijado un máximo de tres años para la transición del marco antiguo al nuevo.
“Tiene muchas regulaciones de aplicación que deben resolverse, de modo que es imposible en un año, pero recuerden que el (periodo de transición) máximo son tres años”, dijo Hiariej.
Una copia del nuevo código penal a la que tuvo acceso The Associated Press incluye varios artículos revisados que convierten el sexo fuera del matrimonio en un delito punible con un año de cárcel y la cohabitación con seis meses, aunque los cargos de adulterio deben basarse en denuncias policiales presentadas por cónyuges, padres o hijos de la persona acusada.
También designa la promoción de los anticonceptivos y las blasfemias religiosas como ilegales y restaura el veto a insultar a un presidente o vicepresidente en el cargo, instituciones del estado y la ideología nacional. Los insultos al presidente en el cargo deben ser denunciados por el mandatario y pueden suponer hasta tres años de cárcel.
Hiariej dijo que el gobierno ha ofrecido “la explicación más estricta posible que distingue entre insultos y críticas”.
El texto mantiene que el aborto es un crimen, aunque añade excepciones para mujeres con problemas médicos que pongan en riesgo su vida y por violación, siempre que el feto tenga menos de 12 semanas, en línea con las normas de su Ley de Práctica Médica de 2004.
Grupos de derechos criticaron varias de las reformas como demasiado amplias o vagas, y advirtieron que apresurar su aplicación podría penalizar actividades normales y amenazar la libertad de expresión y los derechos de privacidad.
Sin embargo, algunos activistas lo celebraron como una victoria para la minoría LGTBQ del país. En una encendida sesión de deliberación, los legisladores acordaron finalmente eliminar un artículo propuesto por grupos islámicos que habría ilegalizado el sexo homosexual.
El código mantendrá la pena capital en el sistema de justicia pese a las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros grupos de abolir la pena de muerte, como han hecho docenas de países.
La reforma llevaba décadas estancada mientras los legisladores del país de mayoría musulmana más poblado del mundo lidiaban con cómo adaptar su cultura y normas nativas al código penal, un legado del gobierno colonial holandés.
Una reforma anterior estuvo cerca de aprobarse en 2019, pero el presidente, Joko Widodo, instó a los legisladores a demorar la votación ante las crecientes críticas de la población, que derivaron en protestas nacionales en las que decenas de miles de personas tomaron las calles. Los críticos denunciaron falta de transparencia en el proceso de redacción de la ley y afirmaban que algunos artículos discriminaban a minorías.
Widodo dio órdenes al ministro de Ley y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, de que recibiera impresiones de varias comunidades mientras los legisladores debatían los artículos.
El nuevo código penal indica que la pena capital incluirá un periodo condicional. Esto implica que el juez no puede imponer de forma automática una condena de muerte. Si el reo tiene buen comportamiento durante un periodo de 10 años, entonces la sentencia se cambia por cadena perpetua o 20 años de prisión.
El código también amplía la Ley de blasfemia actual y mantiene penas de cinco años de prisión para las desviaciones de las seis religiones reconocidas en Indonesia: el islam, el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y confuncionismo. Los ciudadanos pueden enfrentar una pena de hasta 10 años por asociarse con organizaciones que siguen una ideología marxista-leninista y hasta cuatro años por promocionar el comunismo.
Human Rights Watch afirmó el martes que las leyes que penalizan las críticas a líderes públicos son contrarias al derecho internacional, y que el hecho de que algunas formas de expresión se consideren insultos no basta para justificar las restricciones o sanciones.
“El peligro de las leyes opresivas no es que se apliquen de forma amplia, es que ofrezcan una vía para la aplicación selectiva”, dijo Andreas Harsono, investigador del grupo en Indonesia.
Muchos hoteles, por ejemplo en áreas turísticas como Bali y la zona metropolitana de Yakarta, se arriesgarán a perder visitantes, añadió.
“Estas leyes permiten a la policía exigir sobornos, permiten a los funcionarios encarcelar a enemigos políticos, por ejemplo con la ley de blasfemia”, explicó.
Indonesia, el cuarto país más populoso del mundo y la tercera democracia más grande, es una isla democrática en una zona del sureste asiático llena de gobiernos autoritarios.
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