El lanzamiento oficial esta semana de la convocatoria a los comicios del próximo 20 de octubre y del calendario electoral suponen el inicio formal del proceso.
Con el aval de los tribunales Constitucional y Electoral, Evo Morales aspirará a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, en una candidatura considerada ilegal por la oposición por incumplir el límite constitucional de dos periodos consecutivos y los resultados de un referendo que en 2016 rechazó su reelección.
Como ha ocurrido en las últimas elecciones, Morales parte con cifras positivas en las encuestas preelectorales que le muestran como el favorito, con una ventaja de entre seis y once puntos sobre su inmediato perseguidor, el expresidente Carlos Mesa.
No obstante, la ventaja de Morales no es tan abrumadora como en las anteriores ocasiones, en las que las encuestas mostraban una diferencia de al menos 40 puntos.
En las elecciones de 2014 aquello se confirmó en las urnas, pues logró la reelección con el 61,3 por ciento de la votación, frente al 24,2 por ciento del segundo, el empresario opositor Samuel Doria Medina.
Una eventual segunda vuelta solo sucedería si el candidato más votado no supera el 50 por ciento de los sufragios o alcanza el 40 por ciento con más de 10 puntos de diferencia respecto al segundo.
En esta carrera, Morales tiene como cartas de presentación los logros de sus trece años de gestión, sobre todo en el área económica, además de sus políticas de inclusión social.
Otra ventaja del mandatario, menos legítima que la anterior según sus detractores, es el disponer del aparato público para la campaña.
Aunque las autoridades lo niegan, son constantes las muestras de respaldo a la candidatura de Morales en actos oficiales a los que asiste a diario y que transmiten en vivo los medios estatales.
Para el analista Gonzalo Mendieta, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) «viene haciendo campaña desde hace trece años», con constantes apariciones del presidente «haciendo las veces de alcalde, entregando obras en todo lado».
«Ese es el régimen en el que estamos situados políticamente, en la vieja tradición latinoamericana que destacaba las ventajas que tenía el caballo del corregidor», dijo Mendieta a Efe.
Según las normas bolivianas, las autoridades que quieran participar en las elecciones deben renunciar a sus cargos noventa días antes de los comicios, salvo en el caso del presidente y del vicepresidente.
Esto también ha sido criticado por la oposición, porque mientras candidatos como el senador Óscar Ortiz y el gobernador de La Paz, Félix Patzi, tendrán que renunciar, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no están obligados.
Al margen de esto, los opositores también son víctimas de sí mismos, pues no han logrado unificar posturas para enfrentar a Morales con un solo candidato, pese a los reiterados pedidos de plataformas ciudadanas en ese sentido.
Para Mendieta, hay diversas «sensibilidades opositoras» que impiden esa unión, pues hay un sector que «valora ciertas cosas que el país ha logrado en estos años», pero es capaz de hacer «críticas al Gobierno», frente a otro segmento para el que el ciclo de Morales es «defectuoso» y se debería «reconducir al país por otro camino».
Un tercer frente minoritario cree que es «un error» ir a las elecciones «porque en realidad es una trampa autoritaria», sostuvo.
«Tratar de ensamblar esas sensibilidades opositoras no deja de ser una quimera, porque en el fondo son planteamientos ideológicos incompatibles», agregó.
A su juicio, estas diferencias se ahondarán porque sus estrategias hacia las elecciones «son de suma cero y contradictorias entre sí».
A esto se suman las críticas al órgano electoral, al que la oposición acusa de ser parcial con el oficialismo.
También se ha cuestionado si ese organismo tiene la capacidad técnica para llevar adelante el proceso, tras conocerse problemas internos como numerosos despidos o renuncias en los últimos meses.
Las autoridades electorales han asegurado que el proceso se llevará adelante con transparencia.
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