Donald Trump buscó evitar una derrota en la crucial batalla política que sumió a Washington las últimas semanas: el presidente de Estados Unidos decidió firmar el pacto que acordaron legisladores republicanos y demócratas -que no contempla su exigencia de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México.
Sin embargo el mandatario declarará inmediatamente una emergencia nacional, lo que le permitiría construirlo igualmente con fondos destinados a las catástrofes naturales. De esta manera, el presidente evita otro impopular cierre del Gobierno y no claudica con la promesa del muro -una de sus promesas clave de campaña- ante sus bases.
Sin embargo, se abre un enorme interrogante a nivel judicial porque comenzará a llegar una catarata de juicios para declarar inconstitucional al decreto de emergencia porque utilizará fondos sin autorización del Congreso.
Una ley votada en 1976, la “National Emergencies Act”, autoriza al presidente a declarar una “emergencia nacional” para concederse poderes extraordinarios. O sea que con esa orden ejecutiva Trump podría financiar el muro sin el visto bueno del Congreso, tomar fondos que no requieren autorización y recurrir al ejército para construirlo. En realidad, varios presidentes estadounidenses han echado mano a ese recurso, pero en situaciones distintas que no causaron controversia: George W. Bush lo hizo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Barack Obama durante la epidemia de gripe H1N1 en 2009.
Trump argumenta que Estados Unidos sufre una crisis migratoria en la frontera y que la seguridad nacional se ve amenazada porque los inmigrantes indocumentados ingresan drogas y cometen crímenes en suelo estadounidense.
Pero esa situación no se condice con la realidad. Si bien hay récord de familias que llegan a la frontera y que piden asilo, el número de las que cruzan ilegalmente está lejos de su máximo de hace dos décadas. Tampoco es verdad que el índice de criminalidad sea más alto entre los inmigrantes. Y también está comprobado -el juicio al ex líder del cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán lo demostró- que el muro no será un freno efectivo para el tráfico de droga ya que la mayoría se ingresa al país por túneles clandestinos.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó que Trump “firmará la ley sobre financiación del gobierno federal” negociada por congresistas demócratas y republicanos para evitar un nuevo cierre parcial de la administración estadounidense. Pero, agregó, “actuará también mediante decretos -incluida la emergencia nacional- para poner fin a la crisis de seguridad nacional y humanitaria en la frontera”.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que había anunciado la decisión de Trump antes que la Casa Blanca, mostró su apoyo a esa medida excepcional. Como era de esperar, enseguida cosechó el repudio demócrata. Recurrir a la emergencia nacional “sería algo muy malo”, dijo el líder de la minoría opositora en el Senado, Chuck Schumer.
El proyecto de ley acordado por los demócratas y los republicanos y votado en la Cámara Alta asigna 1.375 millones de dólares para la construcción de “barreras” (no muros) en la frontera entre Estados Unidos y México, una cantidad muy lejos de los 5.700 millones que Trump exige. La iniciativa ahora va a la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas.