La presencia del canciller Castiglioni en Marrakech, en nombre del gobierno paraguayo, obedece al interés del país en demostrar que el Paraguay se suma aquellos países que quieren la promoción de reglas claras a las migraciones y la protección de los derechos humanos de quienes se ven obligados por distintas circunstancias a abandonar su tierra, ya que tradicionalmente el Paraguay ha sido un país emisor de migrantes.
En la actualidad, más de un millón de compatriotas residen en el exterior; es por ello, nuestra obligación moral de apoyar posiciones en la arena internacional que sean propicias para el bienestar de los connacionales en el extranjero y el de sus familias, con el fin de evitar que sean sometidos a tratos denigrantes o a situaciones de irrespeto a sus derechos fundamentales, por la mera condición de ser migrantes.
“No queremos que la mujer, pilar de la familia y de la sociedad, aquella que levantó el país tras la Guerra Grande, sea desatendida al cruzar una frontera, ni sometida a maltratos cuando está guardando otra vida en su vientre, ni reducida a esclavitud, trata de personas o abusos por el solo hecho de ser migrante”, reza parte del comunicado emitido por la cancillería.
El Paraguay se encuentra muy avanzado en todos estos campos, por lo que la adopción de este instrumento no traerá cambios en este sentido. Sin embargo, el mismo puede contribuir a instar a otros países que son destino de la migración paraguaya, a que adecuen su ordenamiento en la materia para así proteger mejor a nuestros compatriotas migrantes.
La implementación interna de los compromisos asumidos en virtud de este Pacto, en lo que hubiere lugar, se efectuará estrictamente según la Constitución Nacional y el marco jurídico vigente de la República del Paraguay, no quedando comprometida ni socavada en modo alguno la soberanía nacional, al no tratarse de un acuerdo vinculante para los Estados.
El pacto
El Pacto no es vinculante, sino de carácter moral. No constituye un tratado ni un acuerdo internacional. En otras palabras, no obliga a los Estados a recibir migrantes ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes. Tampoco da a la Organización de las Naciones Unidas la potestad de determinar qué reglas ha de aplicar cada país a los migrantes, ni a establecer obligaciones en cuanto a la recepción de extranjeros.
El mismo reafirma el derecho soberano de los Estados a determinar su política nacional de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo.
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