Según la institución, la nueva normativa no es un simple trámite administrativo; sino la reafirmación de una política pública que asume con seriedad institucional el nacimiento de cada nueva universidad o instituto. El objetivo central es evitar que el sistema siga expandiéndose de forma desordenada y mercantilista, garantizando que cualquier proyecto de creación se sustente, desde su etapa embrionaria, en estándares mínimos de calidad, gestión y rigor científico.
El procedimiento establece fases críticas que transforman el proceso de apertura en un examen exhaustivo:
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Verificación Documental: Un filtro inicial para descartar proyectos incompletos o sin sustento real.
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Comités de Pares Evaluadores ad hoc: La conformación de equipos de especialistas seleccionados del Registro Nacional de Pares, quienes analizan con lupa la idoneidad del cuerpo docente y la coherencia del proyecto académico.
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Independencia Técnica: Un esquema diseñado para eliminar conflictos de interés, asegurando que los dictámenes respondan únicamente a criterios de excelencia y no a presiones externas.
Bajo este nuevo marco, la ANEAES aclara que su función es emitir un dictamen técnico de carácter vinculante en cuanto a su obligatoriedad como insumo. Este documento será remitido directamente al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), el órgano encargado de la habilitación final según la Ley N° 4995/2013.
Sin este aval de la ANEAES —que certifica la viabilidad y calidad del proyecto—, la creación de nuevas IES queda bloqueada en su fase técnica, cerrando así la puerta a instituciones que históricamente lograban su apertura mediante procesos burocráticos laxos.
Desde la Agencia enfatizan que este rigor responde al principio de complementariedad institucional y, sobre todo, a la protección del interés público. «El surgimiento de nuevas instituciones debe fortalecer la confianza ciudadana, no debilitarla», señalaron fuentes de la institución.
Con esta decisión, Paraguay busca dejar atrás una era de descontrol en la oferta educativa (altamente politizada desde el propio Congreso nacional) para transitar hacia un sistema donde la creación de una universidad sea sinónimo de excelencia y no de un simple negocio de fachada. Se trata de un paso fundamental para resguardar el futuro profesional de miles de jóvenes paraguayos que exigen una formación legítima y competitiva.














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