La decisión fue adoptada en el marco de un comité intersindical que nuclea a organizaciones del sector educativo. Según explicó Espínola, la determinación se tomó con votos en disidencia y contempla además la convocatoria a un congreso unitario previsto para el 28 de febrero, donde se evaluarán los próximos pasos.
El dirigente señaló que la OTEP-A mantuvo su postura a favor de ir a una huelga nacional en rechazo a los cambios impulsados en la caja fiscal, cuyo proyecto ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. No obstante, la mayoría de los gremios optó por iniciar las clases y continuar las negociaciones en el Senado.
La propuesta aprobada en Diputados establece, de manera extraordinaria, una edad mínima de 57 años para la jubilación de docentes del sector público. Actualmente, los educadores pueden acceder al beneficio sin límite de edad, siempre que acrediten entre 25 y 27 años de aporte.
Aunque se garantiza el normal inicio de las clases, los sindicatos adelantaron que mantendrán el diálogo y no descartan nuevas medidas si no se introducen modificaciones al proyecto.