Piris señaló que actualmente los ingresos de los docentes universitarios presentan una amplia brecha: existen remuneraciones de alrededor de G. 900.000, mientras que en algunas universidades y facultades pueden alcanzar hasta G. 2.800.000, dependiendo del cargo y la institución.
Ante esta situación, el sector plantea establecer una tabla salarial común para las diez universidades públicas, de modo que una misma función tenga una remuneración equivalente, independientemente de la institución en la que se desempeñe el docente.
Como ejemplo, mencionó que el planteamiento para 2027 contempla que un encargado de cátedra pueda percibir inicialmente unos G. 1.500.000, avanzando progresivamente hacia una equiparación de los salarios en los diferentes cargos académicos.
La dirigente explicó que las diferencias no se limitan a los docentes de aula, sino que también alcanzan a investigadores, extensionistas, coordinadores, directores de carrera y otros cargos académicos. A su criterio, el actual sistema genera desigualdades entre profesionales con niveles similares de formación y responsabilidad. “Lo que queremos es equiparar entre todas las universidades públicas nuestro salario por la misma función”, sostuvo Piris.
MÁS RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN Y CRECIMIENTO
El reclamo del sector no se limita a los salarios. Los docentes también exigen mayores recursos para el crecimiento vegetativo de las universidades, investigación, infraestructura y contratación de profesores.
Piris advirtió que existen carreras y cursos que ya enfrentan dificultades para abrir o mantener determinadas cátedras debido a la falta de docentes y recursos. En algunos casos, afirmó, determinadas ofertas académicas terminan siendo desarrolladas únicamente por instituciones privadas porque las universidades públicas no cuentan con fondos suficientes para contratar profesores.
La docente cuestionó además la modalidad mediante la cual las universidades deben recurrir cada año al Congreso para intentar obtener recursos adicionales. Según explicó, esta dinámica termina generando nuevas desigualdades, debido a que algunas instituciones consiguen mayores asignaciones presupuestarias que otras.
Por ello, planteó avanzar hacia criterios comunes de financiamiento y remuneración para las universidades públicas, evitando que la capacidad de gestión o las negociaciones particulares de cada institución determinen las diferencias presupuestarias.
PEDIDO DE UNA MESA DE DIÁLOGO
El sector busca instalar el debate en el marco del análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Píriz señaló que solicitaron reuniones con representantes del Senado, incluyendo una mesa impulsada por el senador Basilio “Beto” Ovelar, además de encuentros con el Ministerio de Educación y Ciencias y la Comisión de Educación del Senado.
La docente sostuvo que la discusión de fondo trasciende el pedido de un reajuste salarial puntual y apunta a definir cómo financiar de manera sostenible la educación pública superior.
“Hace décadas que estamos con estas brechas”, afirmó, al insistir en que el objetivo es iniciar un proceso gradual de equiparación salarial y fortalecer las condiciones para que las universidades públicas puedan cumplir sus funciones de enseñanza, investigación y extensión.
Piris también vinculó la situación de la educación superior con la problemática general del financiamiento de los servicios públicos y sostuvo que el país necesita encontrar mecanismos que permitan incrementar los recursos destinados a educación y salud.
El sector espera que el debate del PGN 2027 permita avanzar hacia una solución estructural y no únicamente hacia asignaciones puntuales que, según advierten, mantienen las diferencias entre las universidades públicas.