La Cámara de Diputados dieron su «visto bueno» a la declaración impulsada por el diputado nacional Francisco Petersen, mediante la cual se insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a mantener vigentes las disposiciones que prohíben la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la denominada teoría o ideología de género en las instituciones educativas dependientes de la cartera estatal.
El documento hace referencia a la Resolución N.º 29.664, del 5 de octubre de 2017, y a la Resolución N.º 1.803, del 7 de noviembre de 2025, que amplía la primera. Con esta declaración, la Cámara solicita al MEC que sostenga ambas normativas y refuerce los mecanismos para garantizar su cumplimiento.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La propuesta presentada por Petersen también insta al Ministerio a garantizar la participación efectiva de padres, madres y tutores en los asuntos relacionados con la formación de sus hijos, en concordancia con los artículos 53, 54 y 75 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 1264/1998, General de Educación.
Asimismo, plantea que las familias puedan acceder a información clara y oportuna sobre los materiales educativos impresos y digitales utilizados en las instituciones, incluyendo sus contenidos, finalidades pedagógicas y criterios de selección.
La declaración contempla, además, la implementación de procedimientos para que los padres puedan formular consultas, observaciones y solicitudes de revisión, así como el fortalecimiento de la supervisión y la capacitación de las autoridades responsables de aplicar las resoluciones.
Finalmente, el documento establece que la aplicación de estas disposiciones deberá armonizarse con la Constitución Nacional y las leyes vigentes, sin menoscabar las obligaciones del Estado en materia de protección integral de niños y adolescentes, prevención de la violencia y garantía del derecho a la educación.
La fundamentación de la propuesta señala que mantener vigentes estas disposiciones permite contar con un marco administrativo identificable para las instituciones educativas, sin perjuicio de las evaluaciones técnicas, pedagógicas y jurídicas que correspondan dentro de las competencias de la autoridad educativa.
La aprobación unánime respalda el pedido formulado por Petersen y constituye un pronunciamiento de la Cámara Baja a favor del mantenimiento de las resoluciones y de una mayor participación de los padres en la formación educativa de sus hijos.
