Durante una entrevista con el programa “Siglo a Siglo”, el Dr. Aguilera (quien fue el último ministro durante el gobierno de Horacio Cartes) sostuvo que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) necesita una “gran reingeniería” de sus procesos para evitar que las irregularidades continúen y terminen afectando no solo a las instituciones, sino también a los estudiantes y profesionales que obtuvieron legítimamente sus títulos.
“Con medidas superficiales esto no va a funcionar”, advirtió el exministro, al considerar que el problema podría persistir si no se adoptan cambios estructurales. A su criterio, incluso sería necesario revisar profundamente el rol y las responsabilidades de las propias instituciones involucradas, mientras la Justicia debe determinar las responsabilidades que correspondan.
Aguilera puso el foco en una consecuencia que puede ir más allá de los casos individuales: la pérdida de credibilidad del título paraguayo en el exterior.
Sostuvo que la aparición de estos casos puede generar una “depreciación académica” y hacer que universidades de otros países, particularmente dentro del Mercosur, sean más exigentes con los paraguayos que pretendan continuar sus estudios o realizar posgrados.
En ese escenario, explicó, podrían aumentar los pedidos de documentación, legajos académicos, exámenes especiales o procesos adicionales de convalidación para comprobar que detrás de un título exista efectivamente una trayectoria académica válida.
El exministro diferenció, además, los procedimientos que corresponden a los títulos destinados al ejercicio profesional de aquellos vinculados con estudios de posgrado.
Explicó que, cuando una persona pretende ejercer una profesión con un título obtenido en otro país, corresponde un proceso de homologación, que implica verificar que la formación recibida y la malla curricular sean equivalentes a las exigidas en Paraguay.
En cambio, para títulos de maestría o doctorado se realiza un reconocimiento de estudios, mediante el cual se certifica la existencia y validez del título obtenido en el extranjero, siempre que haya cumplido previamente con las validaciones correspondientes.
Para Aguilera, el desafío actual no se limita a detectar y sancionar a quienes hayan incurrido en irregularidades. El problema, según planteó, también pasa por recuperar la confianza en el sistema educativo paraguayo y garantizar que los títulos emitidos por las instituciones nacionales mantengan su valor y reconocimiento.
La advertencia adquiere especial relevancia porque las consecuencias podrían recaer sobre estudiantes y profesionales que nada tienen que ver con las irregularidades, pero que eventualmente podrían enfrentar mayores controles al intentar estudiar o ejercer fuera del país.
Por ello, Aguilera insistió en la necesidad de una transformación estructural de los mecanismos de control, con responsabilidades claramente definidas y participación de la Justicia en los casos que correspondan.
El objetivo, planteó, debe ser evitar que las irregularidades terminen generando un perjuicio colectivo y asegurar que un título paraguayo vuelva a ser sinónimo de formación académica comprobable y confiable.