El monto corresponde a una fotografía de los depósitos registrados antes de la intervención bancaria y no debe confundirse con una pérdida definitiva. Sin embargo, representa una importante concentración de recursos pertenecientes a instituciones públicas, fondos jubilatorios y organismos que administran dinero destinado a servicios, inversiones y obligaciones con sus beneficiarios.
La dimensión del caso obliga a examinar no solamente cuánto dinero quedó comprometido, sino también qué instituciones lo depositaron, qué autoridades estaban al frente de ellas y cuáles son los recursos que todavía necesitan una explicación y una rendición de cuentas.
El relevamiento publicado a partir de las planillas del MEF identifica depósitos por G. 3,608 billones y US$ 233,4 millones. La suma convertida a dólares fue estimada en US$ 851,98 millones. Otros relevamientos periodísticos redondean la exposición a US$ 855 millones.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS COMPROMETIDOS?
Los datos disponibles permiten identificar a las siguientes instituciones y distinguir entre depósitos confirmados, inversiones previsionales, recursos operativos y cifras que todavía requieren documentación oficial.
- Principales instituciones con fondos identificados
| Institución | Monto informado | Naturaleza de los recursos |
| IPS | US$ 355 millones | Depósitos, bonos y disponibilidades de la previsional. |
| Itaipú Binacional | US$ 163,8 millones + G. 115.200 millones | Recursos de la entidad binacional. |
| MEF – Caja Fiscal | G. 250.000 millones de capital | Inversión previsional mediante CDA. |
| ANDE | US$ 51,64 millones | Préstamos internacionales y fondos propios. |
| Caja Bancaria | Sin saldo actualizado | Recursos previsionales. |
| Caja de Jubilaciones de la ANDE | G. 43.092 millones | Fondos jubilatorios de los trabajadores. |
| CAJUBI (Itaipú) | G. 100.692 millones | Recursos previsionales, según el relevamiento más reciente. |
| SENAVE | G. 40.000 millones | Dos colocaciones de G. 20.000 millones. |
| Municipalidad de Asunción | G. 7.742 millones | Recursos municipales, incluido un componente del FONAE. |
| Corte Suprema de Justicia | G. 250,4 millones | Recaudaciones judiciales y registrales pendientes de transferencia. |
| CONATEL | Sin monto publicado | Depósitos e inversiones reconocidos por la institución. |
| PETROPAR | Sin saldo oficial actualizado | Fondos reconocidos como indisponibles. |
Estas cifras proceden de relevamientos periodísticos y declaraciones institucionales, con fechas de corte diferentes. Por eso no corresponde sumarlas directamente ni presentarlas como un estado contable consolidado.
- Itaipú: más de US$ 180 millones al momento de la intervención
Uno de los datos más relevantes surgió de la propia Itaipú Binacional, que confirmó que al 3 de noviembre de 2026 mantenía en Ueno Bank:
- US$ 163,8 millones.
- G. 115.200 millones.
La suma representa una exposición superior a US$ 180 millones, considerando ambas monedas.
La binacional había difundido anteriormente promedios históricos de sus depósitos bancarios, pero el saldo real al momento de la intervención permitió dimensionar mucho mejor la cantidad de recursos comprometidos.
Itaipú inició sus operaciones con Ueno en enero de 2025. Los fondos incluían remesas recibidas desde Brasil, ingresos provenientes de la ANDE y transferencias entre cuentas destinadas a obligaciones contractuales y compromisos institucionales. Posteriormente, la entidad presentó una denuncia penal para procurar la recuperación de esos recursos.
- IPS: el mayor depositante individual identificado
El Instituto de Previsión Social aparece como uno de los principales afectados por la crisis.
La gerente financiera, Gladys Vera, informó que la previsional tenía aproximadamente US$ 355 millones comprometidos en Ueno Bank, incluyendo depósitos a plazo, depósitos a la vista y otras inversiones.
De acuerdo con sus explicaciones, ese dinero representa alrededor del 9% de la cartera de inversiones del IPS.
Entre las operaciones que despertaron cuestionamientos figura la adquisición de bonos financieros de Ueno por G. 250.000 millones, aprobada por el Consejo de Administración el 29 de agosto de 2024, durante la presidencia de Jorge Brítez.
La Fiscalía también incorporó a su investigación dos reuniones que Santiago Peña mantuvo con Brítez antes de aquella operación. La eventual influencia del entonces presidente forma parte de las cuestiones investigadas, pero no constituye por sí misma una responsabilidad penal demostrada.
Los recursos del IPS tienen una particularidad: pertenecen al sistema previsional y deben respaldar las obligaciones de la institución con asegurados y jubilados. Por eso, la exposición no es simplemente una inversión financiera más.
- Caja Fiscal: G. 250.000 millones de capital previsional
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la Caja Fiscal colocó G. 250.000 millones en Ueno Bank mediante certificados de depósito de ahorro (CDA).
La operación se realizó el 31 de julio de 2025, durante la administración de Carlos Fernández Valdovinos, por un plazo de cinco años y con una tasa de interés anual del 12,35%.
El MEF explicó que Ueno presentó la oferta de mayor rendimiento durante el proceso de selección y que recibió el 25% del total de G. 1 billón distribuido entre cuatro entidades financieras.
La denuncia presentada por el Ministerio también menciona G. 123.838 millones en intereses futuros. De allí surge la cifra de G. 373.838 millones, equivalente a unos US$ 58,52 millones.
Es importante diferenciar ambos conceptos: G. 250.000 millones corresponden al capital colocado, mientras que el monto superior incluye intereses proyectados que no deben confundirse con dinero efectivamente depositado.
- ANDE: recursos para obras eléctricas y fondos propios
La Administración Nacional de Electricidad confirmó que tenía aproximadamente US$ 46 millones provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán, destinados a la ejecución de obras.
A ese monto se agregan unos G. 36.000 millones de recursos propios, equivalentes a aproximadamente US$ 5,64 millones.
La exposición total informada ronda los US$ 51,64 millones.
El presidente de la ANDE, Miguel Ángel Báez, también explicó que parte de los cobros por facturas de electricidad se procesaban mediante Ueno, por lo que los saldos podían variar.
La situación es especialmente delicada porque los recursos internacionales estaban destinados a inversiones y proyectos eléctricos, no a gastos discrecionales.
Por separado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE informó que mantenía G. 43.092.597.098 en Ueno, equivalentes a unos US$ 6,75 millones. Ese patrimonio corresponde a los trabajadores y debe distinguirse del dinero operativo de la empresa estatal.
- Otras instituciones bajo la lupa
La exposición no termina en las grandes entidades.
– CAJUBI: La Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú registró inversiones por G. 41.300 millones al cierre de 2025. Un relevamiento posterior menciona G. 100.692 millones. La diferencia requiere una conciliación de fechas y saldos.
– SENAVE: realizó dos colocaciones de G. 20.000 millones cada una, en noviembre de 2025 y marzo de 2026. Total: G. 40.000 millones.
– PETROPAR: reconoció que tenía fondos indisponibles. El senador Enrique Salyn Buzarquis mencionó US$ 54 millones, pero ese importe todavía requiere confirmación oficial.
– CONATEL: reconoció depósitos en Ueno y sostuvo que las colocaciones se realizaron mediante concursos de ofertas de tasas de interés. No publicó el saldo comprometido.
– Municipalidad de Asunción: su balance de agosto registró G. 7.742 millones, aproximadamente US$ 1,21 millones, incluyendo recursos vinculados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE).
– Corte Suprema de Justicia: confirmó G. 250.448.960 pendientes de transferencia, correspondientes a recaudaciones judiciales y registrales de los días 2 y 3 de noviembre.
– Caja Bancaria: reconoció que tenía recursos previsionales depositados en Ueno, pero todavía no se cuenta con un saldo actualizado públicamente documentado.
– Yacyretá: también aparece entre las instituciones cuyos recursos y fideicomisos jubilatorios deben ser aclarados.
A estas cifras se suman señalamientos del senador Buzarquis sobre posibles fondos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Crédito Agrícola de Habilitación y Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT): US$ 20 millones, US$ 2 millones y US$ 1,5 millones, respectivamente. Son montos que necesitan confirmación de las instituciones involucradas.
- AFD: un caso que debe analizarse por separado
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) también aparece en el entramado financiero.
Los estados financieros de Ueno registraban, a marzo de 2026, G. 830.689,9 millones en créditos financiados con recursos de la AFD, equivalentes a unos US$ 130 millones.
Sin embargo, este dato no debe sumarse automáticamente a los depósitos públicos: se trata de una cartera de créditos financiada con recursos de la agencia, cuya administración y recuperación deben analizarse dentro del procedimiento correspondiente.
La AFD trabaja para recuperar la administración de esa cartera y habilitar nuevos canales de pago para aproximadamente 2.500 prestatarios de viviendas y actividades productivas y forestales.
El problema de fondo: ¿quién controló la concentración de recursos?
Más allá de los montos, la crisis abre interrogantes sobre las decisiones que permitieron que una entidad financiera privada concentrara semejante volumen de dinero público y previsional.
La investigación debe establecer qué autoridades aprobaron las inversiones, qué informes técnicos respaldaron las decisiones, qué tasas se pactaron, qué mecanismos de diversificación se aplicaron y si se evaluaron adecuadamente los riesgos.
También resulta fundamental determinar si las instituciones mantuvieron o renovaron sus colocaciones cuando ya existían cuestionamientos sobre la situación financiera de Ueno.
El relevamiento periodístico identifica al menos siete instituciones que, hasta el 7 de noviembre, habían formalizado denuncias penales contra directivos del banco: el MEF, SENAVE, PETROPAR, CAJUBI, ANDE, Itaipú y CONATEL.
El IPS, pese al volumen de sus inversiones, y la Caja Bancaria todavía no figuraban con denuncias institucionales propias confirmadas en ese relevamiento.
¿Los US$ 855 millones representan una pérdida para el Estado?
No necesariamente. Esta es una distinción fundamental para informar correctamente.
Los US$ 851,98 millones corresponden al total registrado por el MEF al cierre de septiembre de 2026, convertido a dólares. No constituyen una certificación de pérdida definitiva ni necesariamente representan el saldo exacto inmovilizado el 3 de noviembre, cuando comenzó el procedimiento de resolución bancaria.
Además, el relevamiento individual de las instituciones suma aproximadamente US$ 479,6 millones, pero reúne cifras de distintos períodos y no contiene todavía todos los saldos.
Por lo tanto, no se deben sumar nuevamente los montos individuales al total consolidado ni presentar las cifras pendientes de confirmación como hechos comprobados.
El proceso de resolución deberá determinar los activos disponibles, las obligaciones del banco y cuánto dinero podrá recuperar cada depositante.
La pregunta central ya no es solamente cuánto dinero público llegó a Ueno Bank. Es quién tomó las decisiones, con qué respaldo técnico y por qué tantos recursos destinados a jubilaciones, obras y servicios públicos terminaron concentrados en una entidad que finalmente no pudo sostener su solvencia.