De acuerdo con referentes consultados, una eventual ampliación del esquema para incluir compromisos correspondientes a 2026 —por un monto de hasta USD 300 millones— permitiría distribuir el impacto fiscal en tres ejercicios: alrededor de USD 100 millones este año, otros USD 100 millones en 2027 y el saldo en 2028.
Este mecanismo, sostienen, ayudaría a mantener en ejecución la totalidad de las obras sin comprometer el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de preservar el margen fiscal en torno al 1,5% del PIB.
Actualmente, la titular del MOPC, Claudia Centurión, anunció que el factoring alcanzará hasta USD 150 millones en deudas, lo que es valorado positivamente por el sector. No obstante, las mismas fuentes consideran que duplicar ese monto y prorratearlo en varios años otorgaría un alivio más significativo a las empresas contratistas.
Advierten además que una solución parcial podría poner en riesgo la continuidad de proyectos y derivar en despidos de trabajadores, especialmente en obras con obligaciones más antiguas, donde la presión financiera es mayor.
EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD
En cuanto a la ejecución presupuestaria, desde el MOPC se proyecta un nivel similar al del año pasado, cercano a los USD 440 millones. Para el sector, si el factoraje se expande hasta los USD 300 millones, se podría cubrir gran parte de la demanda de recursos y otorgar mayor flexibilidad al ritmo de ejecución de las obras.
Otro punto en discusión es el monto de los intereses acumulados. Mientras los gremios de la construcción estiman que superan los USD 110 millones, desde el MOPC se manejan cifras cercanas a los USD 80 millones.
Al respecto, la ministra Centurión indicó que la diferencia podría explicarse porque parte de la deuda estaría radicada en otras instituciones del Estado, lo que aún requiere una conciliación más precisa de los números.
¿QUÉ ES EL FACTORING?
El factoring o factoraje es una herramienta financiera donde una empresa vende sus facturas por cobrar a una entidad financiera (factor) para obtener liquidez inmediata, recibiendo un adelanto (generalmente 90% o más) de su valor antes del vencimiento, pagando una comisión. Es ideal para pymes que buscan capital de trabajo sin endeudarse.
Funcionamiento: Una empresa (cedente) vende facturas a 30, 60 o 90 días a un banco o empresa de factoring, que adelanta el efectivo y cobra la factura al cliente final (el Estado, en este caso).
Beneficios: Mejora el flujo de caja inmediato, optimiza la gestión de cobros y permite financiar operaciones sin incrementar el pasivo bancario.
Es una alternativa al descuento de pagarés tradicional, ideal para empresas con clientes solventes pero largos plazos de pago.