Peña admitió que las demandas de los sectores farmacéutico y de la construcción son «genuinas» y que el Estado debe cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, vinculó la resolución de este problema a la eficiencia administrativa y no a la creación de nuevas cargas tributarias, por ejemplo, para el ciudadano.
«Mientras yo sea presidente de la República, no voy a plantear ni a discutir un aumento de los impuestos. Todavía hay mucha grasa que cortar dentro de la administración pública y ganancias en eficiencia por lograr», sentenció.
El jefe de Estado criticó la gestión económica de los últimos cinco años, señalando que se incumplió sistemáticamente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Explicó que la tensión actual en las cuentas fiscales se debe a presupuestos aprobados que carecen de financiamiento real, logrando ejecutarse solo entre un 75% y 80%.
Peña enfatizó que su prioridad es la disminución del déficit fiscal como medida de protección a la clase trabajadora. Para el mandatario, la clave reside en la contención de los gastos corrientes (salarios y funcionamiento administrativo) para liberar recursos destinados a inversiones públicas y salud.
EL DESAFÍO PARLAMENTARIO
Con vistas al próximo Presupuesto General de la Nación, Peña instó a una discusión honesta en el Congreso. Advirtió que, aunque existen reivindicaciones legítimas de diversos gremios, «simplemente no alcanza para todo». El Ejecutivo buscará limitar los aumentos de gastos corrientes en el Parlamento para garantizar que el dinero llegue a los hospitales y a las rutas del país.
COMUNICADO URGENTE DE LOS SECTORES VIAL Y CONSTRUCCIÓN
Cabe señalar que los gremios del sector de la construcción, comunicado mediante, denunciaron una “situación financiera grave e insostenible” provocada por la abultada deuda del Estado por obras públicas ya ejecutadas, certificadas e incluso concluidas.
Según estimaciones del sector, solo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la deuda asciende actualmente a unos USD 360 millones, una cifra que está empujando a numerosas empresas a la quiebra técnica y amenaza con paralizar proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
La advertencia, que lleva las firmas de unas 117 empresas, fue realizada por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), que cuestionaron que el Estado esté financiando su funcionamiento a costa de las empresas encargadas de construir la infraestructura nacional.
“El Estado no puede financiarse a costa de las empresas que construyen la infraestructura del país”, remarcaron los gremios en un pronunciamiento conjunto. Las cámaras empresariales sostienen que los pagos parciales que realiza el Estado ya no alcanzan ni siquiera para cubrir los costos financieros que las compañías debieron asumir para continuar las obras contratadas.