Actualmente, la Ley N.º 5764/2016 establece que el salario mínimo se reajusta una vez al año tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general calculado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Con este sistema, el incremento previsto para este año rondaría apenas los G. 69.000.
Sin embargo, López Arce considera que ese criterio quedó desfasado, ya que el IPC general incluye bienes y servicios que no forman parte del consumo habitual de quienes perciben salario mínimo, como pasajes aéreos, joyas u otros gastos de sectores con mayor poder adquisitivo.
Según explicó, la mayoría de los países de la región utiliza indicadores más vinculados a la canasta básica familiar, compuesta por alimentos, transporte y otros productos esenciales para los trabajadores.
«Paraguay es prácticamente el único país que sigue utilizando el IPC general para ajustar el salario mínimo. Lo que corresponde es medir el comportamiento de los productos que realmente consume la clase trabajadora», afirmó.
El especialista señaló que Paraguay ocupa actualmente el noveno lugar entre los salarios mínimos más altos de América Latina, pero figura entre los países que menos aumentaron el ingreso mínimo durante el último año. Mientras países como México, Ecuador, Bolivia y Colombia registraron incrementos cercanos o superiores al 10%, el reajuste paraguayo fue de apenas 3,6%.
López Arce recordó además que existe una propuesta legislativa para modificar el mecanismo de cálculo y reemplazar el IPC general por un índice basado en la canasta básica. De concretarse ese cambio, los futuros aumentos podrían ser más significativos y ajustarse mejor a la realidad económica de los trabajadores.
No obstante, advirtió que cualquier incremento debe realizarse con prudencia para evitar efectos negativos sobre el empleo y la formalidad laboral. «Un aumento demasiado bajo genera sensación de injusticia, pero uno excesivo puede provocar cierres de empresas, desempleo e informalidad. Hay que encontrar un punto de equilibrio», señaló.
A criterio del analista, el reajuste de este año debería superar los G. 69.000 previstos por el mecanismo actual, aunque insistió en que una solución de fondo pasa por modificar la legislación y adoptar un sistema que refleje con mayor precisión el costo real de la vida para los trabajadores paraguayos.