Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtieron que, de no introducirse cambios estructurales, el rojo financiero podría escalar hasta USD 600 millones, una situación que califican de insostenible y que obligaría al Estado a destinar cada vez más recursos del Tesoro para evitar el colapso del sistema previsional.
La iniciativa del Ejecutivo llega en un año electoral, considerando que en 2026 se celebrarán elecciones municipales en todo el país, lo que genera resistencia política debido a que la reforma impacta directamente en sectores sensibles del funcionariado público, como docentes, fuerzas públicas y magistrados.
El presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka, sostuvo que postergar el debate por temor al costo político sería un error grave. “El déficit es una bola de nieve que sigue creciendo. El que legisle pensando en las próximas elecciones se aplaza”, afirmó. Añadió que “hay que sacar un salvavidas como sea, porque el resto de los paraguayos no puede seguir sosteniendo esta locura solo para evitar el debate”.
Soroka reconoció que la reforma tocará intereses fuertes y que ello traerá consecuencias políticas, pero insistió en que el diálogo debe darse con urgencia. En ese contexto, recordó que varios gremios ya se manifestaron en contra, entre ellos el sector docente, que anunció la presentación de una propuesta alternativa.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto afecta al régimen de jubilación de los militares, donde actualmente el ascenso de un oficial de menor rango provoca el pase automático a retiro de quienes ocupan rangos superiores. Según Soroka, esta práctica ha generado la salida anticipada de cuadros altamente capacitados, incluso formados en el exterior, lo que también se busca corregir con la reforma.
CRITERIOS TÉCNICOS Y NO POLÍTICOS
Por su parte, Fernández Valdovinos explicó que los cambios propuestos se basan en criterios técnicos y no políticos, a diferencia de reformas anteriores. Entre los ejes centrales mencionó la uniformidad en la edad mínima de jubilación y en los años de aporte, ya que actualmente no existe una edad mínima definida, con rangos que oscilan entre los 57 y 62 años, acompañados de incentivos que elevan el monto del haber jubilatorio cuanto más tiempo se permanece en actividad.
El ministro aclaró además que el tope máximo de jubilación está fijado en función del salario del contralor general de la República y que la jubilación promedio se ubica por debajo de los G. 10 millones, por lo que el problema central no es el monto de los beneficios, sino el desequilibrio estructural del sistema.
Finalmente, el secretario de Estado de Economía y Finanzas aseguró que la reforma no afectará derechos adquiridos y reiteró que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal a largo plazo, teniendo en cuenta que el status quo seguirá desangrando las arcas del Estado, en detrimento de la economía del país.