PGN 2026 fija el mayor tope de déficit permitido por ley y proyecta gastos por USD 22,4 mil millones

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el 31 de diciembre de 2025 la Ley Nº 7609, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, un plan de gastos que alcanza los G. 149,6 billones, equivalentes a USD 22,4 mil millones, y que incorpora el máximo déficit fiscal autorizado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, fijado en el 1,5% del Producto Interno Bruto.

PGN 2026 fija el mayor tope de déficit permitido por ley y proyecta gastos por USD 22,4 mil millones

El nuevo presupuesto distribuye los recursos casi en partes iguales entre la Administración Central, que recibirá G. 74,9 billones, y las Entidades Descentralizadas, con G. 74,6 billones, consolidando uno de los mayores volúmenes de gasto público de la historia reciente del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que el documento fue construido mediante un proceso de consenso con el Congreso Nacional y subrayó su orientación social. Según afirmó, el PGN 2026 prioriza a los sectores más vulnerables y busca responder a las principales demandas ciudadanas en áreas clave.

El presupuesto concentra mayores asignaciones en salud, educación, seguridad y protección social, consideradas por el Poder Ejecutivo como ejes estratégicos para sostener el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, el dato central del plan financiero es la proyección de un déficit fiscal del 1,5%, el nivel más alto permitido por la normativa vigente.

Desde el Gobierno, se señala que este margen de déficit se enmarca en el Plan de Convergencia Fiscal y responde a la necesidad de equilibrar el aumento del gasto social con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Ejecutivo sostiene que mantener el déficit dentro del límite legal es clave para preservar la estabilidad macroeconómica y la credibilidad fiscal del país.

La promulgación del PGN 2026 marca así un delicado equilibrio entre expansión del gasto y disciplina fiscal, en un contexto de crecientes demandas sociales y de presión sobre las finanzas del Estado. La ley ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la Presidencia de la República y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

 

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