Durante la última visita del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades del Gobierno han solicitado formalmente recursos del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) para el financiamiento de reformas que apunten a mitigar y adaptar al cambio climático y otras acciones de desarrollo sostenible.
Este acuerdo es resultado de la serie de reuniones que desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2023 llevaron a cabo las autoridades paraguayas y una misión del Fondo, como parte de la segunda revisión del PCI, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo internacional.
Durante estas reuniones, las autoridades paraguayas presentaron la solicitud del Gobierno de acceder a recursos financieros bajo el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad por un monto del 150 por ciento de la cuota (Derechos Especiales de Giro (DEG) 302,1 millones).
El servicio ofrece financiamiento asequible a largo plazo. En el caso del Gobierno, la solicitud fue para apoyar programas de contención de los riegos climáticas en el sector financiero, para expandir la matriz de electricidad limpia, descarbonizar la economía y conservar bosques, informó el Fondo.
El acuerdo técnico se dio durante la revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas, que el ente y el Gobierno paraguayo acordaron en septiembre de 2022, para la asistencia técnica al proceso de reformas del Estado.
De acuerdo a la última visita técnica del FMI, Paraguay cumplió con la mayoría de los compromisos en su agenda de reformas: extendió el sistema de facturación electrónica a contribuyentes grandes y medianos, reglamentó una nueva ley de compras públicas, y presentó un proyecto para el reordenamiento del Estado mientras se elaboran reformas a la Evaluación Nacional de Riesgos y la formalización de las mipymes.
El asesor Mauricio Villafuerte, quien encabezó la comitiva, informó que las autoridades paraguayas propusieron ampliar la agenda de reformas estructurales hasta mediados del 2025.
La agenda propuesta incorpora el análisis de gastos tributarios, acciones en la gestión de las finanzas públicas para asegurar el registro de los gastos devengados, la promoción de alianzas público-privadas para obras públicas, acciones para combatir la corrupción, así como mejoras continuas en los sistemas de información de los programas sociales.
A estos temas se suma la solicitud de financiamiento para programas de mitigación y adaptación al cambio climático, que serán propuestos ante el Directorio Ejecutivo del FMI para su discusión.
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