La posición fue expuesta por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, exministros de Hacienda, economistas y representantes de gremios de la producción, realizada este miércoles en la sala Paz del Chaco del Parlamento.
La aclaración del MEF surge como respuesta a propuestas impulsadas por sectores del magisterio, policías y militares, que plantean cubrir el desequilibrio del sistema previsional mediante incrementos de tributos como el IRP y el IVA.
Durante el encuentro, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó un análisis técnico sobre la situación actual de la Caja Fiscal, sus proyecciones financieras y el impacto de las alternativas en discusión. En ese marco, fue enfática al señalar que subir impuestos no constituye una solución estructural.
Según explicó, una simulación basada en esas propuestas revela escenarios extremos. En el caso del Impuesto a la Renta Personal (IRP), sería necesario elevar la tasa del 10% al 48% en 2025, y continuar con aumentos sucesivos hasta alcanzar 86% en 2028, para sostener el sistema. “Es un ejercicio meramente ilustrativo, no una propuesta del MEF, pero demuestra la inviabilidad del planteamiento”, aclaró.
Respecto al IVA, Coronel indicó que incluso una suba del 10% al 14%, que permitiría recaudar más de USD 1.144 millones anuales, solo alcanzaría para cubrir el déficit proyectado en 2026 y 2027, y apenas una fracción del correspondiente a 2028.
La funcionaria identificó como principal causa del colapso financiero la ausencia de una edad mínima efectiva de jubilación, sumada a regímenes especiales que benefician principalmente a los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Fuerzas Militares y Policía, cuyo déficit ya se cubre hoy con impuestos generales.
“El 100% del déficit de la Caja Fiscal en 2028 deberá ser financiado con recursos tributarios, lo que representará cerca de USD 683 millones, un monto muy próximo al límite que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.
Coronel subrayó además el alto costo de oportunidad de ese gasto. Con esos recursos, señaló, el Estado podría construir 10 hospitales de alta complejidad, financiar la pensión del 86% de los adultos mayores, refaccionar 350 centros educativos, pavimentar más de 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.
En cuanto a la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, explicó que el proyecto establece un acceso gradual a la jubilación desde los 57 años, con tablas de sustitución que premian una mayor permanencia en actividad y mayores aportes. Para los sectores civiles, la tasa de sustitución oscila entre 78% y 100%, mientras que para policías y militares parte del 50% con 20 años de servicio y puede llegar al 100% con 35 años de aporte.
La iniciativa también propone elevar el aporte obrero-patronal del 16% al 19%, incorporar un aporte estatal del 3% como empleador y aplicar una base de cálculo homogénea, basada en el promedio de los últimos cinco años de salarios cotizados. El MEF reiteró que la reforma busca corregir inequidades, asegurar sostenibilidad y evitar que el colapso de la Caja Fiscal termine siendo financiado con más impuestos para toda la población.