El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, en declaraciones públicas, ha justificado que la “necesaria” actualización tarifaria será aplicada principalmente a los sectores de mayor consumo y que el Gobierno evalúa implementar un mecanismo de ajuste “automático”, lo que podría terminar afectando a todos los clientes más temprano que tarde.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, alegó días pasados que el objetivo es garantizar la “sostenibilidad financiera” de la empresa estatal, “corrigiendo” lo que calificó como una “tarifa política” arrastrada durante años. Según añadió Sosa, la última actualización significativa se dio en 2017, tras más de una década de congelamiento.
La ANDE ha reconocido que hoy no dispone de los recursos necesarios para ejecutar el Plan Maestro de Obras, pese a invertir —según sus propios números— unos 600 millones de dólares anuales en los últimos cuatro años, una cifra altísima en comparación con los menos de USD 50 millones destinados hasta 2008.
¿JUSTIFICACIÓN TÉCNICA O FALTA DE TRANSPARENCIA?
Los documentos que trascendieron muestran cambios drásticos: Por ejemplo, los usuarios residenciales que superan los 5.000 kWh/mes podrían enfrentar aumentos del 235,9%. Quienes consumen entre 4.001 y 5.000 kWh/mes, un 144,9%. Los que están en el rango de 3.501 a 4.000 kWh, el incremento sería del 115,1%. Mientras tanto, se aplicaría una tarifa progresiva para los de menores ingresos, buscando equilibrar el impacto social.
La estatal defiende la propuesta, afirmando que los tramos de mayor consumo deben “devolver” los subsidios otorgados a los sectores de bajo consumo. Pero lo que nunca explica es por qué se proyectan aumentos tarifarios en un momento en que la energía paraguaya cuesta mucho menos producirla, especialmente desde la cancelación de la duda de Itaipú, que representaba alrededor del 60% del costo de la energía generada.
¿SINCERAMIENTO TARIFARIO O RECAUDACIÓN A COSTA DEL USUARIO?
Expertos del sector ya advierten que no existe una correlación clara entre la estructura de costos actual de la ANDE y las alzas propuestas. Se reclama mayor transparencia: ¿Cuál es la tarifa técnica real hoy? ¿Por qué no se traslada al usuario el abaratamiento histórico de Itaipú? ¿A dónde realmente se destinarán los recursos del aumento?
El discurso oficial habla de previsibilidad y sostenibilidad. Pero la falta de información sobre el beneficio económico de Itaipú alimenta sospechas de que el ajuste podría convertirse en una fuente más de recaudación antes que una mejora real del servicio.
Con una ciudadanía que padece cortes frecuentes, subestaciones saturadas y un servicio irregular en todo el país, la paciencia social está en tensión. Finalmente, insistimos con la gran interrogante: Si la luz cuesta hoy mucho menos generar, ¿por qué la vamos a pagar pro un servicio más caro?