De acuerdo a los datos, el encuentro fue presidido por el director de Ingresos Tributarios, Oscar Orué; el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez; y el viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, y representantes de otras instituciones del Estado.
Durante la apertura de la reunión, Oscar Orué destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la “directriz clara” del presidente Santiago Peña al respecto.
Por su parte, el titular del MIC, Javier Giménez, subrayó la importancia del combate contra el contrabando, que impacta directamente la economía, afectando el empleo y la salud de los ciudadanos, atendiendo a que muchos productos son de origen alimenticio o sanitario. “Desde el Ministerio de Industria nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos”, expresó el ministro Giménez.
El Gobierno cree que el impacto de la lucha al contrabando fue “significativo” el último año, con incautaciones que superaron los US$ 20 millones en productos ingresados ilegalmente. Con el Plan Anticontrabando 2025, busca fortalecer estos esfuerzos y seguir protegiendo el comercio formal y la seguridad de los ciudadanos.
Un aspecto que, aparentemente, el Gobierno no tiene en cuenta y al que debe prestar atención es a la actuación de sus funcionarios, ya que a menudo el contrabando se facilita mediante la corrupción (coimas), por lo que es esencial que el plan incluya medidas para prevenir y castigar la corrupción entre los funcionarios públicos.
Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es la educación y la concienciación pública, llevadas a cabo a través de campañas de sensibilización para informar al público sobre los riesgos del contrabando, sus consecuencias para la sociedad, y fomentar una cultura de respeto a la ley y la formalidad.