Gobierno prepara intervención temporal de empresas vinculadas a Ueno y medidas de auxilio para Mipymes

El Poder Ejecutivo presentó dos mecanismos para contener las consecuencias del escándalo financiero de Ueno Bank: un proyecto de ley que permitirá administrar temporalmente las empresas vinculadas al Grupo Vázquez y medidas de financiamiento para las Mipymes afectadas por la inmovilización de sus depósitos. El Gobierno reconoce además que las pérdidas superan los USD 1.100 millones y advierte que todavía existen obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y tenedores de bonos.

Gobierno prepara intervención temporal de empresas vinculadas a Ueno y medidas de auxilio para Mipymes

El Gobierno de Pedro Alliana anunció nuevas medidas para enfrentar las consecuencias económicas y laborales derivadas de la crisis de Ueno Bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Los anuncios fueron realizados este jueves en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, acompañado por el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, y la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén.

Las iniciativas apuntan a dos frentes considerados prioritarios por el Ejecutivo: preservar las empresas vinculadas al grupo empresarial que todavía tienen capacidad de funcionamiento, proteger los puestos de trabajo y evitar que las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis financiera pierdan liquidez y capacidad operativa.

Riquelme reconoció que la situación es compleja y que las consecuencias económicas del caso son reales. Según explicó, las pérdidas estimadas para el Estado y otros acreedores superan actualmente los USD 1.100 millones.

El ministro destacó que, tras la intervención y posterior resolución de Ueno Bank, el Gobierno logró acelerar los mecanismos de protección de los depositantes. Recordó que anteriormente el régimen contemplaba un plazo de hasta 15 días para pagar depósitos garantizados de hasta 75 salarios mínimos, mientras que mediante los cambios aprobados por el Congreso se consiguió realizar pagos en cinco días, con un límite de 40 salarios mínimos.

Asimismo, recordó el anuncio realizado por el Banco Central del Paraguay (BCP), según el cual los depositantes con cuentas a la vista, depósitos a plazo y certificados de depósito de ahorro (CDA) podrán recuperar la totalidad de sus fondos mediante el mecanismo de resolución que se encuentra en preparación.

Sin embargo, aclaró que esa protección no elimina las demás consecuencias del colapso financiero.

ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS VINCULADAS AL GRUPO VÁZQUEZ

La primera medida consiste en un proyecto de ley denominado de Administración Temporal de Sociedades Vinculadas, que fue presentado al Congreso Nacional y ya se encuentra en etapa de discusión parlamentaria.

La iniciativa busca establecer un mecanismo excepcional para administrar temporalmente aquellas empresas relacionadas con el Grupo Vázquez que quedaron afectadas por la crisis, pero que todavía tienen posibilidades de operar y generar ingresos.

El proyecto contempla la creación de un consejo integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay. Este organismo tendrá la responsabilidad de evaluar la situación de cada sociedad y determinar cuáles pueden continuar funcionando bajo una administración temporal.

Una vez autorizada la intervención, se designará un administrador que tendrá la responsabilidad de mantener las operaciones, evaluar la situación financiera y adoptar decisiones destinadas a preservar el patrimonio empresarial y los puestos de trabajo.

Riquelme aseguró que este mecanismo no representará un costo para el Estado, debido a que los honorarios del administrador serán cubiertos con los propios recursos generados por las empresas.

El objetivo es evitar que sociedades que todavía son rentables terminen paralizadas o pierdan su valor como consecuencia de la incertidumbre, la falta de conducción y las dificultades para responder a trabajadores y proveedores.

«Tenemos que separar la conversación entre lo que es el tratamiento del banco, donde el Banco Central puede dar respuestas, y lo que son las empresas vinculadas», explicó el ministro.

La intención es que los trabajadores, proveedores y otros actores económicos tengan una autoridad responsable a quien recurrir, en lugar de permanecer sin respuestas sobre la continuidad de sus empleos y compromisos comerciales.

NO TODAS LAS EMPRESAS PODRÁN CONTINUAR

Uno de los aspectos más relevantes de la conferencia fue la aclaración de que la administración temporal no significa que todas las empresas vinculadas serán salvadas o permanecerán abiertas.

Riquelme reconoció que algunas sociedades probablemente terminarán en quiebra, mientras que otras podrían ser vendidas como unidades operativas para que nuevos propietarios continúen con sus actividades y asuman el pago de los salarios.

La decisión se tomará individualmente, considerando la situación financiera, la rentabilidad, la cantidad de trabajadores y las posibilidades reales de funcionamiento de cada empresa.

Por su parte, Eduardo González explicó que existen diferentes grupos de sociedades: algunas alcanzadas por los procedimientos de intervención previstos en la Ley 2334 del BCP, otras involucradas en investigaciones del Ministerio Público y otras cuya vinculación empresarial debe ser examinada.

El asesor jurídico detalló que el proyecto contempla un procedimiento de evaluación institucional, con plazos de cinco días para la presentación de información y diez días para que el consejo analice los antecedentes y determine si corresponde habilitar la administración temporal.

La ley tendría una vigencia de ocho meses, período durante el cual deberán adoptarse decisiones definitivas sobre las sociedades comprendidas. Si una empresa no reúne las condiciones para continuar operando, quedará sujeta a los procedimientos legales ordinarios correspondientes.

González indicó que el proyecto fue socializado con representantes del sector privado, entre ellos la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), y pidió celeridad al Congreso para que la herramienta pueda entrar en funcionamiento cuanto antes.

La propuesta también alcanza a los medios de comunicación vinculados al grupo empresarial. Ante la consulta periodística sobre los más de 300 trabajadores afectados en este sector, Riquelme confirmó que serán considerados como cualquier otra empresa vinculada y que el futuro administrador deberá evaluar su situación y adoptar las decisiones correspondientes.

MEDIDAS PARA EVITAR QUE LAS MIPYMES PIERDAN LIQUIDEZ

El segundo frente de acción está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas que mantenían depósitos en Ueno Bank y que, mientras esperan recuperar sus recursos, deben continuar pagando préstamos y compromisos financieros con otras entidades.

Riquelme explicó que el Banco Central habilitó mecanismos de reestructuración, refinanciación y renovación de deudas para las empresas afectadas.

El ministro presentó un ejemplo concreto: una empresa que tenía un CDA en Ueno Bank, pero al mismo tiempo debía pagar un préstamo de corto plazo en otra entidad financiera, podrá solicitar la reestructuración de esa obligación para evitar un vencimiento inmediato mientras espera recuperar sus ahorros.

La medida permitirá mantener la categoría crediticia que tenía la empresa antes de la resolución de Ueno Bank, evitando que la inmovilización temporal de sus fondos provoque automáticamente un deterioro de su calificación financiera.

A este mecanismo se sumarán nuevas líneas de crédito y garantías de la Agencia Financiera de Desarrollo.

AFD PREPARA FINANCIAMIENTO PARA SOSTENER EMPLEOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La presidenta de la AFD, Stella Guillén, explicó que la institución trabaja en productos crediticios destinados a los bancos y cooperativas que operan con la agencia, para que puedan canalizar recursos hacia las MIPYMES afectadas.

La propuesta contempla dos líneas principales: financiamiento para reestructurar obligaciones y créditos de capital operativo para mantener la actividad empresarial.

La AFD trabaja con una red de aproximadamente 50 instituciones financieras, que podrán utilizar estos instrumentos para acompañar a las empresas que necesiten liquidez.

Guillén también señaló que se está coordinando con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), organismo regulador de las cooperativas, para que estas entidades puedan implementar medidas similares a las habilitadas por el BCP para los bancos.

El propósito es evitar que la crisis de una entidad financiera termine trasladándose a otros sectores de la economía, especialmente a las pequeñas empresas que necesitan capital para mantener sus operaciones, pagar salarios y cumplir compromisos comerciales.

El Gobierno considera especialmente importante esta asistencia durante noviembre y diciembre, meses de elevada actividad comercial por las fiestas de fin de año.

Sobre las tasas de interés de estos nuevos productos, Guillén señaló que todavía se encuentran en análisis, aunque adelantó que se buscarán condiciones más ventajosas que las disponibles habitualmente en el mercado.

EL FONDO DE GARANTÍA CONSERVA ALREDEDOR DE USD 1.000 MILLONES

Durante las consultas de los periodistas, Riquelme precisó que el Fondo de Garantía de Depósitos contaba originalmente con aproximadamente USD 1.600 millones, de los cuales unos USD 650 millones ya fueron utilizados para atender los pagos a los ahorristas afectados.

Ante la consulta sobre si el fondo había quedado desabastecido, el ministro aclaró que todavía conserva alrededor de USD 1.000 millones.

No obstante, advirtió que el BCP continúa realizando conciliaciones para determinar si será necesario utilizar recursos adicionales del fondo o si los pagos pendientes podrán completarse mediante la compensación entre los activos y pasivos de la entidad intervenida.

Riquelme reconoció que será necesario reconstruir los recursos del Fondo de Garantía, que se nutre de aportes vinculados a los depósitos del sistema financiero y que fue creado precisamente para responder ante situaciones extraordinarias como esta.

También evitó adelantar respuestas sobre la posibilidad de recuperar con estos recursos los fondos previsionales de la Caja Fiscal, señalando que todavía no existen datos definitivos.

LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS VOLVIERON A LA NORMALIDAD

Otro dato relevante presentado por el ministro fue la evolución de las transacciones electrónicas en el país.

Según información proporcionada por una entidad que mide los movimientos electrónicos, durante los dos días en que se desarrolló el juicio político se registró una caída importante de las operaciones.

Sin embargo, las transacciones comenzaron a normalizarse desde el lunes siguiente y, durante la semana de la conferencia, ya se encontraban aproximadamente un 7% por encima del promedio habitual correspondiente a la segunda semana de noviembre.

Riquelme también informó que otras entidades bancarias habilitaron más de 500.000 cuentas en menos de una semana, permitiendo que antiguos clientes de Ueno comenzaran a operar nuevamente a través de otros bancos.

El dato constituye una señal de recuperación de la actividad financiera cotidiana, aunque no significa que todas las consecuencias patrimoniales y empresariales de la crisis estén resueltas.

UNA CRISIS QUE TODAVÍA EXIGE RESPUESTAS

El anuncio de estas medidas demuestra que las consecuencias del caso Ueno Bank exceden ampliamente la devolución de los depósitos bancarios.

Mientras el BCP trabaja en la recuperación de los ahorros, el Gobierno debe enfrentar otros problemas: empresas sin conducción, trabajadores que desconocen si conservarán sus empleos, proveedores que esperan cobrar y pequeños empresarios que necesitan liquidez para continuar operando.

La administración temporal de las sociedades vinculadas y los nuevos instrumentos financieros para las MIPYMES buscan contener esos efectos y evitar que la crisis provoque una cadena de quiebras y pérdida de puestos laborales.

Sin embargo, el verdadero alcance de las medidas dependerá de la rapidez con que el Congreso apruebe el proyecto, de la capacidad de los administradores para identificar empresas viables y de que los recursos financieros lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

El desafío del Gobierno ya no es solamente devolver los ahorros de Ueno: también debe evitar que el colapso financiero termine arrastrando a empresas, trabajadores y otros sectores de la economía paraguaya.

 

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