El director general de la DGJP, Jorge Delgado, explicó que la resolución —vigente desde agosto de 2025— establece nuevas exigencias para las entidades que operan descuentos, las cuales deberán contar con documentación respaldatoria cargada en un repositorio digital. Esto permitirá un mayor control y acceso a la información por parte de la administración pública.
Delgado adelantó que, a partir de abril de 2026, todas las entidades deberán utilizar firma digital cualificada para gestionar descuentos, y que actualmente se desarrolla una etapa de transmisión de datos, ajustes técnicos y preparación documental. “Hoy estamos en fase de información y adecuación, pero en abril iniciaremos la aplicación plena de la normativa”, indicó.
Durante la capacitación, la abogada Belén Vera —del Departamento Jurídico— explicó los alcances regulatorios, mientras que Natalia Bareiro —del Departamento de Informática— brindó detalles operativos y soporte técnico a los asistentes.
Entre los puntos centrales de la normativa se encuentra la protección del 50% de los haberes del jubilado o pensionado, además de la posibilidad de limitar voluntariamente los descuentos convencionales, con el objetivo de reforzar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones efectuadas por cooperativas, sindicatos y otras entidades.
La DGJP prevé continuar con una segunda jornada dirigida a organizaciones de Asunción y el departamento Central, completando así el proceso de socialización a nivel país.