Gustavo Canata, miembro de la Comisión Directiva, y Óscar Sanabria, coordinador de filiales del interior, cuestionaron duramente el discurso oficial sobre un supuesto déficit previsional y denunciaron manejos que calificaron como “oscuros” dentro de la institución.
Durante la extensa entrevista, ambos referentes sostuvieron que el IPS nunca ha tenido déficit en términos reales. Explicaron que el concepto de déficit implica que los egresos superen a los ingresos totales, situación que —según sus datos— no se verifica cuando se incorporan todos los componentes financieros de la previsional.
Canata detalló que solo en 2025 el IPS habría registrado aproximadamente 220 millones de dólares en ingresos financieros y unos 90 millones de dólares en concepto de rentas inmobiliarias. En conjunto, la institución habría percibido entre 300 y 350 millones de dólares adicionales fuera de los aportes mensuales.
Además, aseguró que las reservas depositadas en el sistema financiero pasaron de unos 2.400 millones de dólares al inicio del ejercicio 2024-2025 a casi 2.800 millones en la actualidad. “Si hay déficit, ¿cómo se explica que las reservas hayan aumentado en unos 400 millones de dólares?”, cuestionó.
EL DEBATE SOBRE EL “DÉFICIT”
Los dirigentes señalaron que las autoridades sostienen que los aportes mensuales resultan insuficientes para cubrir el pago de jubilaciones. Sin embargo, consideran que esa afirmación omite deliberadamente otros ingresos estructurales del IPS, como la renta financiera generada por sus millonarias inversiones y los ingresos por arrendamientos y propiedades.
A su criterio, instalar la idea de un déficit mensual de cinco millones de dólares responde más a una estrategia discursiva que a una realidad contable integral. “No se puede hablar de crisis cuando la institución recauda más de 120 millones de dólares por mes y mantiene un importante patrimonio financiero e inmobiliario”, afirmaron.
También cuestionaron las proyecciones cambiantes sobre la sostenibilidad del sistema. Recordaron que inicialmente se hablaba de que los fondos alcanzarían hasta 2047, luego hasta 2052, y ahora surgen nuevos cálculos. “Las fechas van cambiando según el discurso del momento”, señalaron.
GOBERNANZA EN LA MIRA
Más allá de las cifras, el eje de la crítica se centra en la conducción institucional. Para los jubilados, el problema no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran.
“El IPS probablemente sea la institución más sólida del país, pero está manejada muy mal”, sostuvo Canata. Afirmó que el Consejo de Administración necesita una transformación estructural y la incorporación de profesionales especializados en economía, finanzas y gestión previsional.
Denunciaron decisiones de inversión poco claras, deficiencias en el control de grandes obras y la existencia de montos millonarios que no siempre estarían adecuadamente colocados en instrumentos financieros rentables. Incluso mencionaron casos de obras adjudicadas mediante fideicomisos que habrían sido pagadas en su totalidad pese a no registrar avances proporcionales.
También advirtieron sobre inconsistencias en la información pública respecto al patrimonio inmobiliario del IPS y recordaron que solicitaron una auditoría a la Contraloría General, sin que hasta el momento —según dijeron— se hayan difundido resultados concluyentes.
SOSPECHAS Y ADVERTENCIAS
Los representantes de la Unión Nacional de Jubilados fueron más allá al insinuar que el constante discurso de crisis podría estar vinculado a intereses políticos o económicos. Señalaron que el IPS administra más de 120 millones de dólares mensuales en aportes, lo que convierte a la institución en un espacio de alto interés para sectores de poder.
Asimismo, alertaron sobre la informalidad laboral y la evasión patronal, factores que debilitan el sistema contributivo. Según indicaron, existe una amplia brecha entre el número real de empresas en el país y aquellas que efectivamente aportan al sistema previsional.
PROPUESTAS DE REFORMA
Lejos de limitarse a la crítica, los jubilados plantearon reformas estructurales. Entre ellas, la profesionalización del Consejo de Administración, mayor transparencia en las inversiones, control efectivo de la evasión y una política más eficiente en la adquisición de medicamentos.
En ese punto, propusieron reabrir el laboratorio de producción de fármacos del IPS, lo que permitiría reducir considerablemente los costos de compra. Según afirmaron, existen medicamentos que podrían producirse a un costo muy inferior al que actualmente se paga mediante licitaciones.
También cuestionaron que la previsional se haya convertido, a su entender, en un espacio de influencia política y reparto de cargos, situación que —según sostienen— debilita la gestión técnica que requiere una institución de esa magnitud.
“SÓLIDO, PERO EN RIESGO SI NO CAMBIA”
A pesar de sus fuertes cuestionamientos, los dirigentes insistieron en que los jubilados actuales y futuros pueden tener tranquilidad en el corto plazo, siempre que se encaren reformas profundas.
“Estamos convencidos de que el IPS es sólido. Pero si no se hacen cambios estructurales y se sigue administrando con criterios políticos, el problema no será financiero sino de gestión”, concluyeron.
El debate sobre el futuro del IPS vuelve así al centro de la agenda pública, entre cifras millonarias, cuestionamientos a la conducción y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de los fondos jubilatorios.
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