La normativa pone el foco en la necesidad de generar más obras y mejores servicios para todos los paraguayos, estructurando un sistema donde la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica para el capital privado sean los motores del desarrollo nacional.
El Decreto establece que los organismos intervinientes en los procesos de Participación Público-Privada (PPP) no solo deben regirse por las leyes vigentes, sino por cuatro principios administrativos complementarios que garantizan la integridad de cada proyecto:
Según el decreto, toda actuación estatal debe sustentarse en la Constitución y las leyes. La conducta del Estado debe responder a criterios justificables y sostenibles, alineados con la finalidad del ordenamiento legal.
Se exige que todo acto administrativo esté orientado a lograr servicios públicos de alta calidad y al cumplimiento de metas funcionales. Asimismo, establece la primacía del Interés general sobre el particular ante cualquier conflicto de intereses; y un nuevo lenguaje de la inversión
Para evitar ambigüedades en las licitaciones de largo plazo, el decreto introduce terminología técnica fundamental, como Administración Contratante: Define explícitamente a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), así como a empresas con participación estatal, como los sujetos con competencia para celebrar contratos de PPP.
El Contrato PPP se describe como una relación jurídica contractual de largo plazo con una distribución de compromisos, riesgos y beneficios. Un punto clave es que la remuneración del socio privado se basa principalmente en el desempeño de sus obligaciones.
Cierre Financiero se establece como el hito donde la Sociedad de Objeto Específico (SOE) firma los acuerdos definitivos con sus financistas, asegurando la totalidad de los recursos necesarios para las inversiones previstas. Estructuración de Proyectos comprende los procesos técnicos, jurídicos y financieros encaminados a definir las características con las que el proyecto será licitado.
FASES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
El decreto reglamenta también la Fase Preparatoria, que es el periodo crítico entre la firma del contrato y el inicio de la construcción. En este lapso, se deben consolidar permisos, licencias y diseños finales. Igualmente, toda la Infraestructura Pública —ya sea de carácter económico (rutas, puertos) o social (hospitales, escuelas)— estará sujeta a estándares técnicos estrictos.
Estos estándares aseguran que las obras y servicios operen bajo niveles de desempeño óptimos, bajo la supervisión directa de un Ente Regulador Sectorial, encargado de fiscalizar que la modernización prometida se cumpla conforme a la ley.