La “reforma” de la Caja Fiscal impulsada por el Gobierno parece estar lejos de convertirse en la solución al creciente déficit del sistema jubilatorio del sector público. Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que el fondo cerró el primer semestre del año con un saldo rojo de G. 1,31 billones, equivalentes a US$ 216 millones, una cifra que evidencia que el problema continúa profundizándose.
Entre enero y junio, la Caja Fiscal recibió G. 1,83 billones en aportes de los funcionarios activos, pero desembolsó G. 3,15 billones para cubrir jubilaciones y pensiones. La diferencia, de G. 1,31 billones, representa un desequilibrio del 42%, que debe ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional, es decir, con dinero proveniente de los impuestos.
Solo en junio, los ingresos alcanzaron G. 321.412 millones, mientras que los egresos sumaron G. 529.185 millones, dejando un déficit mensual de G. 207.773 millones, unos US$ 34 millones.
En términos prácticos, la Caja Fiscal genera un déficit cercano a US$ 1,2 millones por día, reflejando la presión constante que ejerce sobre las finanzas públicas.
El panorama incluso empeoró frente al año anterior. El déficit acumulado aumentó 7% en guaraníes respecto al primer semestre de 2025 y, medido en dólares, el incremento fue del 41%, favorecido por la variación del tipo de cambio. Actualmente, la Caja Fiscal administra los aportes de 242.141 funcionarios activos y paga beneficios a 73.080 jubilados y 12.481 pensionados.
En este escenario, los resultados vuelven a poner bajo la lupa la reforma previsional promulgada por el presidente Santiago Peña en marzo pasado. La Ley N.º 7633 nació con la expectativa de corregir el creciente desequilibrio financiero del sistema, pero terminó aprobándose con modificaciones introducidas por el Congreso tras las negociaciones con gremios docentes.
Como consecuencia, la versión finalmente sancionada solo apunta a reducir alrededor del 40% del déficit proyectado a largo plazo, cuando la propuesta original del Poder Ejecutivo aspiraba a un impacto cercano al 60%.
Con un saldo rojo que continúa creciendo semestre tras semestre, los números oficiales sugieren que la reforma aprobada difícilmente alcance para revertir el problema de fondo y que, más bien, solo posterga la necesidad de adoptar medidas estructurales.