Cuestionan que el Estado quiera administrar empresas vinculadas a Ueno Bank

El proyecto de ley que busca habilitar al Estado a asumir temporalmente la administración de empresas vinculadas a Ueno Bank, con el argumento de preservar su funcionamiento y proteger alrededor de 5.000 puestos de trabajo, abre un debate sobre los límites de la intervención estatal y la capacidad del sector público para gestionar empresas privadas.

Cuestionan que el Estado quiera administrar empresas vinculadas a Ueno Bank

Al respecto, el doctor Víctor Pavón considera que entregar la administración de estas compañías a políticos y burócratas no sería una buena decisión. A su criterio, el Estado carece de los incentivos propios de la propiedad privada, lo que favorece el despilfarro, el mal uso de los recursos y la corrupción.

«El Estado es mal administrador porque no administra bajo los incentivos de la propiedad privada», sostiene Pavón. Explica que, en una empresa privada, los propietarios y gerentes deben responder económicamente por las malas decisiones y las inversiones equivocadas, mientras que en la administración pública no siempre existen consecuencias equivalentes para quienes manejan incorrectamente los recursos.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, integrado por representantes de distintas instituciones públicas, que tendría facultades para identificar las empresas alcanzadas y designar administradores temporales. La administración podría extenderse hasta ocho meses, con la posibilidad de desplazar a las actuales autoridades de las sociedades comprendidas.

La iniciativa también establece la continuidad de las actividades empresariales, la protección de los contratos laborales y la prioridad en el pago de salarios y aportes previsionales. El Gobierno sostiene que el objetivo es evitar el deterioro de los activos, mantener las fuentes de trabajo y preservar el valor económico de las empresas mientras se resuelve la situación derivada de la crisis bancaria.

Sin embargo, Pavón considera que el problema no debería resolverse trasladando la gestión al aparato estatal. Para ilustrar su preocupación, recordó el caso del acueducto del Chaco, cuyo presupuesto inicial fue de USD 50 millones, pero que terminó superando los USD 100 millones sin que, después de una década, la obra haya sido concluida.

«¿Hay responsables? No», cuestionó, al utilizar este antecedente como ejemplo de las deficiencias que, según su análisis, puede generar la administración estatal.

Su propuesta es que las empresas sean administradas por una firma privada, seleccionada mediante una licitación pública y con plazos adecuados. A cambio, la compañía adjudicada debería presentar una rendición de cuentas mensual y pública, de modo que los trabajadores, acreedores y ciudadanos puedan conocer cómo se manejan los recursos y cuál es la situación real de cada empresa.

«Dejar en manos de políticos y burócratas es dejar que el lobo cuide el gallinero», advirtió.

El planteamiento introduce una cuestión central en el debate legislativo: cómo proteger los aproximadamente 5.000 puestos de trabajo y los activos empresariales sin convertir una situación excepcional en una oportunidad para ampliar la intervención directa del Estado en el sector privado.

La discusión no se limita, por tanto, a la necesidad de preservar las empresas vinculadas a Ueno Bank, sino también a quién debe administrarlas, bajo qué controles y con qué garantías de transparencia y responsabilidad.

La propuesta legislativa se encuentra en estudio en el Congreso Nacional y todavía debe completar el trámite parlamentario para convertirse en ley.

 

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