Las repercusiones de la crisis de Ueno Bank podrían extenderse mucho más allá de la liquidación de la entidad y de las pérdidas que eventualmente deban afrontar sus depositantes. El problema también amenaza con afectar la confianza de los inversionistas internacionales en las empresas paraguayas, particularmente aquellas que buscan financiamiento mediante emisiones de bonos en los mercados externos.
La advertencia fue formulada por el economista y financista paraguayo César Addario, especialista en deuda soberana, estructuración financiera y mercados emergentes, durante una entrevista en la que analizó las implicancias legales y financieras de las emisiones realizadas por Ueno bajo legislación de Nueva York.
El experto explicó que una emisión internacional de bonos no consiste simplemente en colocar títulos en el mercado. Se trata de un proceso que requiere una extensa documentación sobre la situación financiera del emisor, la gobernanza institucional, los organismos de control y el entorno económico en el que opera la entidad.
Esa información se incorpora a un documento conocido como Offering Memorandum (memorando de oferta), que atraviesa distintas instancias de revisión, incluyendo calificadoras de riesgo y equipos jurídicos, antes de concretarse la operación. Según Addario, ese procedimiento puede demandar entre 11 y 20 semanas.
El punto crítico aparece cuando existen sospechas de que la información presentada a los inversionistas pudo haber sido falseada deliberadamente o que se omitieron datos relevantes.
«Si esa información de inicio hubiese estado premeditadamente o con dolo falseada, genera una posible demanda contingencial», explicó.
NUEVA YORK: EL RIESGO DE UNA DEMANDA POR INFORMACIÓN FALSA
Addario aclaró que la emisión de bonos de Ueno es de carácter corporativo y privado, por lo que no cuenta con garantía estatal. En consecuencia, descartó que deba interpretarse automáticamente que una eventual controversia judicial pueda derivar en embargos sobre las reservas internacionales o los activos de la República.
Sin embargo, advirtió que el riesgo para Paraguay podría manifestarse por otra vía: el encarecimiento del financiamiento internacional y el deterioro de la confianza de los inversionistas.
En caso de que los tenedores de bonos consideren que fueron inducidos a invertir mediante información falsa o engañosa, podrían iniciar acciones judiciales en Estados Unidos, conforme a las condiciones establecidas en los documentos de emisión.
El especialista explicó que, dependiendo de los hechos y de las responsabilidades que puedan acreditarse, los reclamos podrían dirigirse inicialmente contra la entidad emisora, luego contra sus directivos y controladores y, eventualmente, contra los organismos que hayan proporcionado información relevante para la operación.
No obstante, enfatizó que para llegar a una condena debe demostrarse judicialmente que existió una conducta dolosa, es decir, que la información fue falseada u ocultada deliberadamente.
El procedimiento podría desarrollarse ante tribunales del Distrito Sur de Nueva York, bajo las disposiciones legales aplicables a la emisión. Se trata de litigios que pueden extenderse durante un período prolongado.
Mientras tanto, la existencia de una controversia judicial de esta naturaleza puede generar un pasivo contingente, afectar la percepción de riesgo y deteriorar la reputación del emisor y del entorno institucional vinculado a la operación.
EL MAYOR IMPACTO: LA PÉRDIDA DE CONFIANZA EN PARAGUAY
Para Addario, uno de los efectos más preocupantes de la crisis es el golpe que podría recibir la capacidad de las empresas paraguayas para acceder al financiamiento internacional.
Recordó que Paraguay construyó durante años una reputación favorable, apoyada en la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de sus exportaciones, el desarrollo del sistema financiero y la obtención de los grados de inversión.
En ese escenario, señaló que resulta especialmente delicado que empresas de sectores relevantes para la economía nacional enfrenten problemas de confianza en los mercados.
Mencionó tanto al sector financiero, por el caso Ueno, como al sector frigorífico, aludiendo a las dificultades que también afectaron a Frigorífico Concepción.
«Estamos teniendo una crisis de confianza sobre todo en el mercado», sostuvo.
Su advertencia es que los inversionistas internacionales no necesariamente separan con facilidad los problemas particulares de una compañía de la percepción general sobre el país donde opera. Por ello, una crisis empresarial puede terminar afectando a otras firmas nacionales que no tienen vinculación directa con el problema.
El resultado podría ser una reducción considerable de las posibilidades de emitir nuevos bonos, mayores tasas de interés y condiciones más exigentes para las empresas paraguayas que necesiten captar recursos en el exterior.
En otras palabras, el costo de la crisis podría terminar alcanzando a empresas que no participaron en las operaciones de Ueno, pero que necesitan la confianza de los mismos mercados internacionales para financiar sus proyectos.
GRANDES DEPOSITANTES: LA RECUPERACIÓN PODRÍA LLEVAR AÑOS
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de los ahorristas cuyos depósitos superan el límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Addario explicó que el mecanismo de protección no garantiza la totalidad de los recursos depositados, sino que establece un tope legal. En el caso de Ueno Bank, la cobertura máxima es de 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona y por entidad financiera.
El economista señaló que quienes tienen depósitos por encima de ese monto deberán aguardar el procedimiento de resolución y eventual liquidación de activos de la entidad. La recuperación del excedente dependerá de los bienes disponibles, de su tasación y de los valores que puedan obtenerse durante su venta.
Para ilustrar la situación, planteó el ejemplo de una persona que tenía G. 1.500 millones depositados en Ueno. Si se aplica la cobertura máxima de G. 228,3 millones, los G. 1.271,7 millones restantes quedarían sujetos al proceso de recuperación de activos y al orden de pagos correspondiente.
Esto significa que los grandes depositantes no tienen asegurada la recuperación íntegra de sus recursos. Incluso podrían recibir solamente una parte, dependiendo de la capacidad patrimonial de la entidad para responder por sus obligaciones.
El especialista advirtió que no se trata de un procedimiento que pueda resolverse en pocos días. Recordó las crisis financieras de la década de 1990 en Paraguay, cuando la venta de activos y la devolución de depósitos se prolongaron durante períodos extensos.
Aunque reconoció que las regulaciones actuales incorporaron mecanismos para agilizar y transparentar estos procedimientos, consideró que la recuperación de los excedentes podría demandar años.
EL FONDO DE GARANTÍA TAMBIÉN ENFRENTA UN DESAFÍO
Addario también puso atención sobre el impacto que tendrá la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos para atender a los afectados por la resolución de Ueno Bank.
El mecanismo permitió avanzar con la devolución de los ahorros cubiertos por la legislación. Según datos difundidos por el BCP, el fondo alcanzó al 93,1% de los depositantes registrados con derecho a garantía en una de las etapas del proceso.
Sin embargo, el economista advirtió que la utilización de una parte importante de esos recursos obliga a prestar atención a la capacidad de recomposición del fondo.
Recordó que su constitución fue resultado de aportes acumulados durante más de dos décadas y consideró necesario evitar nuevas crisis que puedan comprometer los mecanismos de protección del sistema financiero.
Su preocupación apunta a preservar la capacidad de respuesta ante eventuales problemas futuros, especialmente porque el fondo constituye una herramienta de última instancia para proteger a los depositantes de bancos y financieras.
¿QUÉ OCURRE CON LOS AHORROS EN COOPERATIVAS Y FONDOS DE INVERSIÓN?
La entrevista también abordó las dudas de los ciudadanos que mantienen sus ahorros en cooperativas o participan en fondos de inversión.
Sobre las cooperativas, Addario manifestó que, hasta donde conoce, no cuentan con un mecanismo equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos que opera para bancos y financieras. No obstante, aclaró que no podía asegurar ese extremo sin una revisión específica del régimen aplicable.
En cuanto a los fondos de inversión, explicó que deben distinguirse de los depósitos bancarios. La palabra inversión implica asumir riesgos y, dependiendo del instrumento, el resultado puede ser favorable o desfavorable.
En consecuencia, no corresponde suponer que el dinero colocado en una administradora de fondos o en instrumentos del mercado de capitales tiene automáticamente la misma protección que los depósitos bancarios cubiertos por el FGD.
La distinción es importante para los ahorristas: una cuenta bancaria, un certificado de depósito, una participación en un fondo de inversión y un aporte en una cooperativa no necesariamente tienen el mismo régimen de protección.