La advertencia, que lleva las firmas de unas 117 empresas, fue realizada por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), que cuestionaron que el Estado esté financiando su funcionamiento a costa de las empresas encargadas de construir la infraestructura nacional.
“El Estado no puede financiarse a costa de las empresas que construyen la infraestructura del país”, remarcaron los gremios en un pronunciamiento conjunto. Las cámaras empresariales sostienen que los pagos parciales que realiza el Estado ya no alcanzan ni siquiera para cubrir los costos financieros que las compañías debieron asumir para continuar las obras contratadas.
Esta situación ha llevado a muchas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, debido a que debieron recurrir a créditos bancarios y financiamiento privado para sostener proyectos que fueron adjudicados por el propio Estado.
El impacto no se limita a las constructoras. Según advierten los gremios, la crisis golpea a proveedores, subcontratistas y trabajadores, deteriorando la cadena de pagos y destruyendo empleo formal en uno de los sectores que mayor impacto tiene en la economía.
Además, la continuidad de infraestructura clave para el desarrollo productivo del país queda comprometida.
RIESGO DE UN “DEFAULT INTERNO”
Las cámaras del sector alertan que Paraguay podría estar incurriendo en una especie de default selectivo interno, al incumplir obligaciones con empresas locales mientras mantiene el pago de su deuda externa. Advirtieron que el país no puede aspirar a consolidarse como un destino confiable para la inversión si el propio Estado no respeta los contratos firmados con las empresas que ejecutan obras públicas.
Los inversionistas —sostienen— no evalúan únicamente indicadores macroeconómicos o el reciente logro del grado de inversión, sino también factores como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de la infraestructura. Cuando el Estado incumple pagos a las empresas que construyen esa infraestructura, señalaron, se debilitan las bases reales del crecimiento económico.
DÉFICIT CRÍTICO EN INFRAESTRUCTURA PARA 2026
El panorama financiero proyectado para el sector infraestructura en 2026 es particularmente preocupante:
Presupuesto aprobado: USD 570 millones
Deuda acumulada e intereses: – USD 360 millones
Obras comprometidas: – USD 800 millones
Esto, según el comunicado, arroja un déficit estimado de USD 590 millones solo en el ámbito del MOPC.
A esta cifra deben sumarse deudas pendientes en otras instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Administración Nacional de Electricidad, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Instituto de Previsión Social y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, entre otras.
CRÍTICAS A LA POLÍTICA FISCAL
Los gremios afirmaron valorar la estabilidad macroeconómica del país y celebraron la obtención del grado de inversión, pero advirtieron que no se puede equiparar el gasto corriente improductivo con la inversión en infraestructura.
Según indicaron, mantener el tope de déficit fiscal del 1,5% trasladando el costo financiero a las empresas proveedoras del Estado —especialmente al sector de la construcción— no constituye una política fiscal equilibrada. A su criterio, el ajuste debería lograrse mediante una revisión integral del gasto público y no debilitando al sector productivo.
Otro punto crítico señalado por los gremios es que existen fondos provenientes de convenios internacionales que podrían utilizarse para financiar obras, pero que permanecen sin ejecución. Mientras esos recursos siguen inmovilizados, afirman, las empresas se ven obligadas a endeudarse a tasas cada vez más altas para continuar los proyectos.
PROPUESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS
Ante este escenario, las cámaras del sector plantearon dos medidas urgentes:
- Utilizar de inmediato los fondos de convenios internacionales para cancelar obligaciones pendientes en los proyectos correspondientes.
- Ampliar el Presupuesto General de la Nación 2026 para adecuarlo a las necesidades reales del sector infraestructura y permitir el pago de las deudas, independientemente del origen de los fondos.
Los gremios concluyeron con una advertencia clara: Paraguay no puede permitirse caer en un default interno. A su juicio, la deuda con las empresas nacionales debe ser honrada con la misma prioridad que la deuda externa, ya que de ello dependen la seguridad jurídica, el empleo y la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo del país.














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