Durante una reunión con la ministra Claudia Centurión, la comisión directiva del gremio presentó un informe detallado que cuantifica los recursos que el Estado debe transferir a las empresas constructoras para sostener las obras en ejecución.
El monto total supera los USD 1.000 millones, desglosados en aproximadamente USD 750 millones correspondientes a obras actualmente en curso, USD 250 millones de deuda arrastrada del año pasado y USD 110 millones en concepto de intereses.
CAVIALPA expuso además la situación crítica que atraviesan varias empresas asociadas, muchas de las cuales ya se vieron obligadas a paralizar o ralentizar obras ante la falta de pagos por parte del Estado. La mora, advierten, está llevando al límite financiero a un sector que sostuvo la inversión pública incluso en los momentos más complejos.
“El esfuerzo que hicieron las empresas en estos años fue enorme, pero hoy la situación es insostenible. La deuda que tiene el Estado con nosotros nos está asfixiando”, afirmó el presidente del gremio, Paul Sarubbi.
El titular de CAVIALPA alertó que la crisis ya dejó de ser exclusivamente empresarial para convertirse en un problema social, ya que todos los días reciben reportes de obras detenidas, proveedores impagos y empresas que ya no pueden cubrir costos básicos. “No se puede pagar a proveedores ni a trabajadores. Esto genera un impacto directo en miles de familias”, sostuvo.
Sarubbi recordó que cada obra vial dinamiza economías locales, genera empleo y moviliza cadenas completas de servicios. “Cuando una obra se frena, sufren los proveedores de materiales, los fleteros, quienes brindan alimentación, servicios y, por supuesto, los trabajadores. Es muy duro deberle a gente que necesita cobrar”, enfatizó.
CAVIALPA dejó en claro que, sin una respuesta financiera concreta y urgente por parte del MOPC, el avance de la infraestructura vial del país quedará paralizado, con consecuencias directas para el empleo, la inversión y el desarrollo nacional.