En diálogo con RCC Radio este jueves, el Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), confirmó que junto con la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la Cámara Paraguaya de Constructores difundieron un comunicado conjunto para alertar a la ciudadanía sobre la gravedad del problema y sus consecuencias para la economía nacional.
El dirigente empresarial afirmó que la deuda acumulada del Estado con las empresas constructoras ya supera los USD 360 millones, cifra que continúa aumentando debido a la falta de pagos regulares de los certificados de obras.
Explicó que los certificados de obras se presentan mensualmente conforme al avance de los trabajos contratados con el Estado. Sin embargo, desde el año pasado se registra una tendencia preocupante: el monto de obras ejecutadas siempre supera lo que el Estado paga, lo que provoca que la deuda aumente mes a mes.
De acuerdo con los datos del sector, la situación se agravó rápidamente: A inicios del año pasado la deuda rondaba USD 50 millones. Actualmente alcanza unos USD 260 millones en certificados impagos. A eso se suman USD 110 millones en intereses financieros generados por atrasos anteriores. En total, la deuda acumulada ya supera los USD 360 millones, sin contar nuevos intereses que siguen generándose.
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA 2026
Los gremios también advierten que el problema podría agravarse aún más el próximo año debido a que el presupuesto destinado a infraestructura resulta insuficiente para cubrir las obras previstas.
Para 2026 se proyecta una ejecución de obras públicas de entre USD 700 y 800 millones, mientras que el presupuesto aprobado alcanza apenas USD 570 millones. Esto genera un déficit inmediato de aproximadamente USD 230 millones, que sumado a la deuda acumulada arroja un desfase financiero cercano a USD 590 millones.
EMPRESAS AL BORDE DE LA QUIEBRA
Sarubbi señaló que el impacto de esta situación ya comienza a sentirse en el sector, donde todas las empresas constructoras que trabajan con el Estado presentan hoy problemas financieros, y algunas ya ingresaron en procesos de convocatoria de acreedores.
Manifestó que, por ejemplo, tres empresas ya se encuentran en convocatoria de acreedores, otras dos o tres están cerca de ingresar en esa situación y más de 90 empresas del sector enfrentan dificultades financieras. Además, dijo que varias obras en ejecución han reducido su ritmo o se encuentran paralizadas debido a la falta de liquidez.
UNA “TORMENTA PERFECTA” PARA EL SECTOR
Los empresarios describen la situación como una “tormenta perfecta”, ya que mientras el Estado retrasa los pagos, las constructoras continúan obligadas a cumplir los contratos firmados. Incluso, cuando las obras sufren retrasos, el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones puede aplicar penalizaciones a las empresas, pese a que el problema se origina en la falta de pagos.
“Se genera una situación muy injusta: el Estado no cumple con los pagos y las empresas tampoco pueden avanzar con las obras porque no tienen el oxígeno financiero”, señaló.
DESCONEXIÓN ENTRE MINISTERIOS
El empresario también advirtió una falta de coordinación dentro del propio Estado. Dijo que mientras el Ministerio de Obras Públicas planifica y licita proyectos, el Ministerio de Economía y Finanzas es la institución que debe liberar los pagos, lo que en muchos casos no ocurre.
Agregó que, incluso, existen proyectos financiados con créditos internacionales de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y Fonplata, y que, en varios de estos casos, los recursos ya están disponibles, pero los pagos no se liberan para evitar que impacten en el déficit fiscal.
100.000 EMPLEOS DIRECTOS EN RIESGO
El dirigente manifestó que la crisis amenaza directamente a unos 100.000 trabajadores empleados por las empresas constructoras, además de miles de empleos indirectos vinculados a la cadena de suministro. El sector recuerda que cada obra moviliza una amplia red de actividades económicas que incluye: proveedores de materiales, empresas de transporte y maquinaria, servicios técnicos y comercios y pequeños negocios de las zonas donde se desarrollan los proyectos.
Los gremios advierten que la paralización de obras públicas no solo afecta a las empresas, sino que también retrasa el desarrollo del país, ya que Paraguay mantiene una fuerte necesidad de inversión en infraestructura. Carreteras, hospitales, escuelas y proyectos energéticos podrían sufrir demoras si no se encuentra una solución. “El país celebra logros macroeconómicos como el grado de inversión, pero esa estabilidad no puede financiarse a costa de las empresas proveedoras del Estado”, puntualizó.
PIDEN DIÁLOGO URGENTE CON EL GOBIERNO
Ante esta situación, el sector constructor pidió abrir mesas de trabajo con el Gobierno para encontrar soluciones que permitan regularizar los pagos y evitar el colapso del sector. Sarubbi advirtió que, si el problema no se corrige en los próximos meses, más empresas podrían quebrar y el impacto económico será aún mayor. “Hay empresas con 30, 40 o 50 años de trayectoria que hoy están en riesgo. No se trata solo de números, sino de miles de familias que dependen de este sector”, concluyó.
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