Ese fue el principal resultado de la reunión mantenida con autoridades económicas y del sector de obras públicas (realizada el sábado último), en la que también participaron la ministra Claudia Centurión y el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi. Más allá de los temas abordados —factoring, presupuesto 2026 y deudas acumuladas—, el foco quedó puesto en el compromiso de avanzar con rapidez.
Cabe recordar que la deuda atrasada del Estado con el sector de la construcción y vialeras orillan los USD 360 millones; mientras que con los proveedores de medicamentos supera los USD 1.000 millones.
Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas ha propuesto al sector privado el instrumento financiero denominado “Factoring” o factoraje, por medio del cual un banco de plaza paga la deuda, mientras los intereses quedan a cargo del Gobierno.
El gremio de la construcción valoró la convocatoria temprana del nuevo equipo económico, pero marcó un límite claro: el tiempo de las conversaciones sin resultados ya pasó. Ahora, el sector espera definiciones concretas en cuestión de días, no de meses.
Al respecto, el presidente de CAPACO, José Luis Heisecke, sostuvo que existe predisposición oficial, aunque subrayó que la urgencia del sector no admite dilaciones. La industria de la construcción, afectada por la falta de liquidez y los pagos atrasados, necesita señales inmediatas para sostener su operatividad.
El plazo de 8 a 15 días fijado tras el encuentro no es menor: se convierte en una suerte de cuenta regresiva para el Gobierno, que ahora deberá demostrar si la apertura inicial se transforma en medidas efectivas o queda solo en intención.
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