Previamente se llevó a cabo una reunión técnica, donde conversaron sobre el desafío de la implementación, el tiempo establecido para poner en funcionamiento el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el RUN, los mecanismos de trabajo, entre otros detalles.
Del encuentro participaron el ministro sustituto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Javier Charotti; el gerente general sustituto del MEF, Jorge Vega; la directora general de Catastro, Liz Moreno; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el ministro vicepresidente segundo de la CSJ, Alberto Martínez Simón, y la directora general de Registros Públicos, Lourdes González.
Asimismo estuvieron presentes la directora del Registro Inmobiliario, Mercedes Vera; la directora del Registro No Inmobiliario, Liliana Giménez, entre otros técnicos de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el MEF recuerda que el pasado lunes 13 de enero se llevó a cabo la primera reunión de trabajo en la Sala del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco de la implementación de la Ley N° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, y el Registro Unificado Nacional (RUN)”, promulgada el 9 de enero por el presidente Santiago Peña. Dicha Ley ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial N° 10 de la Presidencia de la República.
Este encuentro estuvo encabezado por el presidente de la CSJ, Luis M. Benítez Riera; y el vicepresidente 2do, Alberto Martínez Simón. También estuvieron presentes el gerente general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Horacio Codas; la directora general del Servicio Nacional de Catastro, Liz Moreno; y el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, entre otras autoridades.
La creación del Registro Unificado Nacional fusiona Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG). Este nuevo sistema contará con una ventanilla única que facilitará los trámites, eliminando los procesos que el ciudadano debe realizar en distintas instituciones. Además, garantizará la emisión de títulos originales y el respeto a la propiedad privada, resolviendo conflictos derivados de superposiciones hereditarias y proporcionando claridad sobre la titularidad de los bienes.
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