Ante la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank S.A. y la incertidumbre que afecta a miles de depositantes con sumas superiores a los límites del fondo de garantía, el abogado penalista Diego Tuma analizó el escenario jurídico y descartó que la vía civil sea la solución más rápida o efectiva para recuperar el dinero.
El profesional comparó la situación actual con dramáticos antecedentes nacionales. Señaló que en el emblemático caso del supermercado Ycua Bolaños (incendiado en el año 2004), numerosas víctimas obtuvieron sentencias favorables en la justicia civil, pero los procesos se estancaron, las indemnizaciones perdieron su valor o terminaron atrapadas en disputas judiciales, sin que los afectados recuperaran efectivamente sus fondos. «Las víctimas del Ykuá Bolaños nunca cobraron su plata y algunos terminaron perdiendo sus casas o pagando a abogados por juicios caídos», advirtió.
LA ESTRATEGIA LEGAL: DENUNCIA Y QUERELLA ADHESIVA
Como alternativa, el estudio jurídico liderado por Tuma optó por replicar la estrategia utilizada en el histórico fraude del Banco Alemán (ocurrido a principios de los 2000). En aquel proceso, tras una causa penal que se extendió por más de dos décadas, los ahorristas representados lograron cobrar en 2022 directamente de los directores imputados y condenados, quienes respondieron con su patrimonio personal.
Bajo esta misma línea, el profesional confirmó que ya presentaron denuncias penales en representación de unos 9 ahorristas por un monto superior a los 5 millones de dólares. Explicó que el proceso se inicia con la denuncia informativa, seguida por la detención de los involucrados para prestar declaración, para luego constituirse como querellantes adhesivos y colaborar activamente con el Ministerio Público en el control de las investigaciones.
ALTA COMPLEJIDAD POLÍTICA Y SOCIAL
Tuma calificó la magnitud de la crisis actual como algo «absolutamente impensado», señalando que la vulneración de los mecanismos de control evidencia la presunta complicidad de actores con alto poder político.
Finalmente, lamentó el impacto colateral que deja la intervención, no solo afectando a los ahorristas con depósitos en cuentas corrientes o CDA por encima de los montos garantizados, sino también a miles de trabajadores, colaboradores de sucursales, medios de comunicación y empresas vinculadas que hoy ven su estabilidad laboral en riesgo.