El equipo multidisciplinario realizó visitas a los hogares y comercios a fin de realizar el catastro para lo que conversó con las familias asentadas en la franja de dominio público, en el tramo que va desde el 250 al km 326 (Lote 4).
También se procedió a tareas de medición de la franja de dominio público, elaboración de actas de la destrucción de mejoras realizadas en el terreno y recolección de copias de documentos y constancias que demuestren el tiempo de ocupación de las unidades familiares y comercios existentes, entre otros documentos identificatorios.
El equipo social de la fiscalización conversó con todas las familias asentadas en el tramo mencionado, a las cuales se les ofreció la restitución de sus viviendas en una nueva ubicación y/o indemnización monetaria, por lo que la mayoría optó por la restitución de viviendas.
Para hacer posible el proceso de reasentamiento de las familias, un equipo de la UEP visitó, la segunda semana de enero, los lotes disponibles que están a la venta en la zona de Pozo Colorado (km 270), terrenos que el MOPC deberá adquirir para luego construir las nuevas viviendas.
Entre las familias, existen algunas con terrenos propios en zonas ajenas al área de dominio público, para quienes existe la opción de construcción de la vivienda en dichos terrenos privados. Todo este trabajo de campo contó con el acompañamiento de técnico de la referente social de la empresa Contratista TOCSA, y Fiscalización Dynatest de las obras en este lote.
De acuerdo con el diagnóstico, verificación y actualización realizada, existen 43 unidades familiares que deberán ser reasentadas, de las cuales 29 son consideradas de alta vulnerabilidad y para quienes se sugiere la restitución de sus viviendas a modo de mejorar sus condiciones de vida.
Cada una firmó un acta de conformidad con la opción elegida y se comprometió a mudarse para liberar la franja de dominio en donde pronto deberán avanzar las maquinarias de obras.
Estas son medidas compensatorias que se realizan por el compromiso de maximizar los resultados medioambientales y sociales positivos de la obra pública, al tiempo de minimizar los riesgos e impactos negativos para las personas y el capital natural, tal como lo mandan las políticas públicas y las políticas operativas de CAF, ente que financia este programa.
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