El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, informó que mantuvo una reunión con el contralor general de la República, Camilo Benítez, para coordinar acciones relacionadas con la investigación, en atención a lo solicitado por la Comisión Especial de Investigación del Senado.
“La cooperación interinstitucional es fundamental para garantizar procesos transparentes y ordenados”, señaló Ramírez.
La investigación adquirió mayor dimensión en los últimos meses. La Fiscalía tiene bajo pesquisa 525 casos de presuntos títulos falsos y, de ese total, 144 documentos ya fueron verificados como apócrifos.
El Ministerio Público solicitó que estos títulos pierdan eficacia jurídica, de modo que posteriormente puedan ser retirados de los registros oficiales y se proceda a la cancelación de las matrículas docentes correspondientes.
El caso también puso bajo la lupa los mecanismos internos del MEC. Una auditoría de la cartera educativa detectó cientos de usuarios que habrían accedido irregularmente al sistema de registro de títulos. Además, 283 funcionarios fueron sometidos a sumarios administrativos, mientras que algunos casos fueron remitidos al Ministerio Público para profundizar la investigación penal.
La Fiscalía, a su vez, realizó verificaciones en el sistema informático del MEC para rastrear quiénes ingresaron, modificaron o registraron documentos presuntamente irregulares, incluyendo datos sobre usuarios, fechas, horarios y accesos al sistema.
En paralelo, el Senado conformó una Comisión Especial de Investigación para analizar la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones presuntamente falsos o irregulares. El órgano legislativo ya mantuvo reuniones con el MEC, universidades y otras instituciones, y busca reunir información para establecer el alcance de la problemática.
La Contraloría también se incorporó formalmente al proceso. En julio, el Senado y la CGR suscribieron un convenio para facilitar el intercambio de información y asistencia técnica. El contralor Camilo Benítez señaló entonces que la fiscalización contempla, entre otros aspectos, títulos presuntamente falsificados, carreras sin acreditación y carreras habilitadas sin cumplir los requisitos legales.
Con la nueva coordinación entre el MEC, la Contraloría, la Fiscalía y el Senado, la investigación apunta ahora no solo a determinar cuántos títulos irregulares existen, sino también cómo fueron registrados, quiénes permitieron el acceso al sistema y qué responsabilidades administrativas o penales podrían derivarse.