Durante una entrevista radial con RCC, Berni intentó justificar la intervención estatal señalando que el SENAVE “solo acompañó” a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y al Ministerio Público, sin responsabilidad directa en la incautación. Sin embargo, sus respuestas revelan un preocupante desentendimiento del rol de defensa técnica que debería ejercer el SENAVE frente a un productor registrado y en regla.
La funcionaria admitió que el productor Herbert Hiebert y su hijo Gian se encuentran debidamente registrados en la plataforma oficial de autogestión del SENAVE, con una superficie declarada de más de 150 hectáreas de producción de cebolla. Aun así, la institución no intervino para resguardar sus derechos ni para garantizar una verificación técnica inmediata del origen del producto antes de la incautación.
El argumento de que las cebollas “no tenían etiquetas o documentos de trazabilidad digital” resulta débil e inverosímil cuando se trata de un productor formal, identificado y acompañado por la propia institución. Peor aún, Berni reconoció que el SENAVE no pudo determinar el origen del producto, pero respaldó un operativo que trató la carga como presuntamente extranjera o de contrabando, provocando daños económicos y morales a un emprendimiento chaqueño que contribuye a la soberanía alimentaria nacional.
Mientras los gremios y legisladores sostienen que la cebolla incautada es de producción nacional, el SENAVE se limitó a emitir comunicados ambiguos y a respaldar públicamente a la DNIT, sin ofrecer el beneficio de la duda a un productor paraguayo.
El caso deja en evidencia un grave desbalance institucional, donde la burocracia y el temor político prevalecen sobre la defensa técnica, el sentido común y la protección del trabajo agrícola nacional. El Chaco, una de las regiones más desafiantes para la producción, merece apoyo, no sospecha. El silencio del SENAVE ante un atropello de este tipo no es neutralidad técnica, es complicidad por omisión.