A la fecha, en el Lote 2, con un universo de 185 estructuras a liberar, cuenta con 116 expedientes procesados para la liberación, lo que representa un 63%.
En el Lote 3, de acuerdo con el proyecto ejecutivo original, existían 255 estructuras afectadas, pero gracias al acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la comunidad, está en pleno desarrollo la construcción de la circunvalación a la localidad de Montelindo.
Con esta solución, el universo de afectados se redujo a 67 unidades sociales, las cuales 66 tienen expedientes en proceso, lo que representa un 96% del total.
En el Lote 4, existen 76 ocupaciones, de las cuales 64 cuentan con expedientes en proceso, lo que materializa 96% de avance.
El Lote 1 no tiene afectaciones y la franja está liberada en un 100% para la ejecución de las obras.
Primeros lotes ejecutados
Respecto a los lotes iniciados a fines de 2019, cabe recordar que, la liberación de franja fue concretada en un 100% para la libre disposición para la prosecución de las tareas en tiempo y en forma.
En el Lote 5 se cumplió con el 100% de liberación y del pago de las indemnizaciones. Cabe recordar que hace más de un año que la vía está habilitada y en pleno uso en este tramo.
En el Lote 6, los 39 ocupantes optaron por compensación económica, de los cuales la totalidad fueron indemnizados.
En cuanto al Lote 7, debido a que en este tramo se mantuvo el eje existente de la Transchaco, se identificaron solo 3 estructuras que interferían al normal desarrollo de las obras, de las cuales una pertenece a la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y 2 están dedicadas a la actividad del comercio.
En este lote se están realizando gestiones para la reubicación de la estructura perteneciente a la institución pública y para la liberación por parte de las 2 restantes.
En el caso del Lote 8, que corresponde a los accesos a las comunidades menonitas y al Hospital Yalve Sanga, no existen afectaciones.
Mediante la implementación de este plan se ofrece una respuesta definitiva a la inseguridad jurídica y social de ocupación irregular de tierras de las unidades sociales, es decir, familias o negocios alcanzados por la construcción de la ruta.