En un paso clave hacia el equilibrio entre desarrollo vial y conservación ambiental, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) evalúa actualmente las propuestas de quince oferentes en el marco de la licitación pública para la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), correspondientes al tercer tramo de la Ruta Bioceánica, entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo.
La convocatoria, identificada como MOPC Nº 13/2024 y publicada bajo el ID Nº 456.001 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), generó una alta participación de empresas y consorcios del sector ambiental. Las firmas oferentes son: Francisco José Spinzi Arbo, Quimfa S.A., H-PAR S.A.C.I., Carlos Marcelo Lauro Fuchs, María Eugenia Cardona Gómez, Carlos Andrés Heyndrick Peeters, Holding Catania Sociedad Anónima, Tabacruz S.R.L., Aníbal Brítez Ocampos, Presente S.A., Suinda S.A., Consorcio de Ingeniería y Comercio S.A., Consorcio Ambiental, Arpa S.A. Comercial Industrial Agropecuaria y Gordon Daniel Prieto Davey.
La inversión estimada para este proceso asciende a 26.505 millones de guaraníes, con un contrato que se extenderá por 38 meses. Los oferentes deberán concretar la transferencia efectiva de los certificados al MOPC en un plazo máximo de 36 meses, tras su registro oficial ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Los CSA son una herramienta innovadora de compensación ambiental que reconoce económicamente a propietarios que conservan ecosistemas naturales en su estado original. Amparados por la Ley 3001/2016, estos certificados permiten mitigar los impactos de grandes obras de infraestructura, como la Ruta PY-15, financiada por el Banco de Desarrollo (Fonplata). La normativa exige destinar al menos el 1% del presupuesto total de proyectos de alto impacto ambiental a acciones compensatorias.
Las áreas elegibles para la certificación incluyen bosques nativos, pastizales naturales y paisajes de valor escénico ubicados dentro de áreas silvestres protegidas. El valor por hectárea se encuentra regulado por la Resolución N.º 1093/2013 del MADES.
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