Filadelfia, RCC.- El informe final de la Contraloría sobre el ejercicio fiscal 2017 y 2018 había detectado irregularidades en la administración de Ocampos por unos G. 3.400 millones en diversos conceptos. Los concejales departamentales exigen a la fiscalía que realice una investigación minuciosa para que no queden impune los supuestos hechos de corrupción y los responsables sean juzgados.
La nota fue firmada por el presidente de la Junta Departamental, Iván Acuña de Fuerte Olimpo (ANR), mencionó que en la nota piden que los responsables, cómplices y encubridores sean castigados, ya que la presunción del hecho cometido está tipificada como delito dentro de la función pública.
«En el informe final saltaron algunos faltantes que Contraloría evidenció y como Junta de forma unánime decidimos remitir eso a las instituciones pertinentes, en este caso la fiscalía para poder darle seguimiento al caso, porque aparentemente hay un daño patrimonial a la institución, en este caso la gobernación», explicó.
Según las sospechas se trataría de obras de infraestructuras inexistentes, pago sin recaudos legales del rubro de transferencias a instituciones sin fines de lucro, becas y otros conceptos analizados por el órgano superior de control en el ejercicio fiscal 2017 – 2018, «hay un daño de G. 3.400 millones«, agregó.
El caso de la ex gobernadora y actual diputada Marlene Ocampos está a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz. Cabe señalar que desde la declaración indagatoria realizada a la parlamentaria chaqueña hace meses atrás no se tiene novedades sobre el proceso de investigación y se teme que no haya celeridad en el proceso.
Actual gobernador también bajo acusación
Concejales departamentales opositores a la gestión del actual gobernador de Alto Paraguay Mino Adorno también realizaron denuncias públicas ante la sospecha de diferencias encontradas en la rendición de cuentas de la ejecución de recursos del 2019 por unos G. 3.000 millones evidenciados mediante un auditoria particular promovida por los ediles Nicolás Feltes y Erasmo Rodriguez.
Sin embargo, el propio gobernador desafió a los concejales a presentar pruebas concretas y realizar la denuncia correspondiente en la fiscalía. Sobre el punto, el presidente Iván Acuña mencionó que el tema aún no fue tratado en sesión y que los concejales solamente realizaron denuncias por redes sociales.
«Ellos lo hicieron en forma personal, en nuestra aprobación de la rendición solicitamos a la contraloría que venga a hacer los estudios minuciosos también, pero aprobamos la ejecución porque encontramos los documentos, no sé si ellos no pudieron controlar debidamente o no tuvieron el tiempo necesario entonces les saltó esa diferencia, pero para ser serios hay que llamar al ente correspondiente y enviar una nota a la contraloría para la auditoria, si hay un faltante que se sancione también como corresponde», expresó.
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