Según explicó el legislador a RCC Radio este miércoles, el parque cuenta con aproximadamente 780.000 hectáreas y, de acuerdo con estudios técnicos del Viceministerio de Minas y Energía, en la zona existirían reservas de gas natural, e incluso potencial de petróleo y otros recursos minerales. Sin embargo, la normativa vigente prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva, lo que —a su criterio— limita el aprovechamiento de estos recursos.
El proyecto propone que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) sea el organismo encargado de elaborar planes de uso de suelo y manejo ambiental que permitan realizar exploraciones y explotaciones “de forma controlada y sin dañar el ecosistema”. Rodríguez sostuvo que las intervenciones se concentrarían en áreas puntuales —de entre dos y tres hectáreas por pozo— dentro de la vasta extensión del parque.
El parlamentario argumentó que el desarrollo de estos recursos podría contribuir a mitigar una eventual crisis energética prevista para los próximos años, reducir la dependencia de importaciones de gas y generar oportunidades económicas para el Chaco y el país. También mencionó la posibilidad de exportar energía a mercados regionales.
En paralelo, defendió que el proyecto contempla el respeto a las comunidades indígenas, aunque sus declaraciones generaron controversia al relativizar la presencia de grupos en aislamiento voluntario en la zona. Organizaciones y sectores vinculados a la protección ambiental han advertido previamente sobre la necesidad de garantizar los derechos de pueblos originarios y la conservación de ecosistemas únicos.
El legislador insistió en que el desarrollo y la protección ambiental no son excluyentes, y cuestionó las posturas que se oponen a cualquier intervención en áreas protegidas. Asimismo, vinculó la iniciativa con la necesidad de mejorar la infraestructura en el Chaco, como caminos y rutas, para facilitar la producción y el acceso a comunidades aisladas.
No obstante, especialistas advierten que cualquier modificación al régimen de áreas protegidas debe ser analizada con rigor técnico, ambiental y social, considerando posibles impactos acumulativos, la capacidad de control estatal en zonas remotas y el precedente que podría sentar para otros parques nacionales.
El proyecto abre así un nuevo debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico, soberanía energética y conservación ambiental en Paraguay.