El informe final corresponde a una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sobre el ejercicio fiscal 2022, con verificaciones in situ en Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023.
Uno de los hallazgos más graves es que el MOPC no pudo demostrar la existencia de estudios de factibilidad ni de viabilidad previos a la ejecución del proyecto, requisito básico exigido por la normativa nacional. La CGR concluye que las obras fueron iniciadas sin cumplir las condiciones mínimas del Sistema Nacional de Inversión Pública, vulnerando leyes y decretos que rigen el uso de fondos públicos.
AUSENCIA TOTAL DE CONTROL INTERNO
La Contraloría también determinó que la Auditoría Interna del MOPC nunca auditó el proyecto durante su ejecución, pese a tratarse de una obra de enorme impacto social y económico. Esta omisión impidió detectar a tiempo desvíos, atrasos y fallas graves, dejando al proyecto sin mecanismos efectivos de corrección y control.
PLAZOS INFLADOS Y CONTRATOS DESNATURALIZADOS
El informe revela ampliaciones de plazo absolutamente ilegales. Cuando la ley permite extender contratos hasta un 20%, el MOPC otorgó ampliaciones de:
498% al consorcio ABH–TAIVO–CONSTRUCTA
446% al Consorcio PS
88% a CDD Construcciones S.A.
Estas extensiones extraordinarias se realizaron sin aplicar multas ni penalidades, generando un grave perjuicio al Estado y vulnerando la Ley de Contrataciones Públicas.
SOBRECOSTOS MILLONARIOS Y OBRAS MAL CONCEBIDAS
La CGR constató múltiples convenios modificatorios que evidencian que el proyecto fue mal diseñado desde su origen. Solo en algunos contratos, los incrementos alcanzaron:
₲ 6.077 millones
₲ 5.697 millones
₲ 7.908 millones
Los montos adicionales se debieron a la incorporación de trabajos no previstos inicialmente, confirmando que el alcance original del proyecto fue incompleto y deficiente.
VISITAS TÉCNICAS INEXISTENTES Y PROCESOS VICIADOS
Otro punto crítico es que el MOPC no pudo probar que varias empresas adjudicadas hayan realizado las visitas técnicas obligatorias, requisito esencial para garantizar ofertas idóneas. Tampoco se respetaron plazos legales para permitir protestas de oferentes, afectando la transparencia y la competencia en los procesos licitatorios.
PENALIDADES QUE NUNCA SE APLICARON
Pese a atrasos reiterados y graves incumplimientos contractuales, el MOPC no aplicó penalidades ni ejecutó garantías, incluso cuando consultores fiscalizadores recomendaron la rescisión de contratos. La Contraloría subraya que una consultoría de fiscalización, que costó al Estado ₲ 7.000 millones, fue prácticamente ignorada por la administración.
MATERIALES SIN CONTROL Y PAGOS IRREGULARES
El informe también señala irregularidades en la provisión de tuberías:
No se designaron agentes verificadores internacionales.
No se acreditaron ensayos de calidad.
Se pagaron anticipos sin cumplir los procedimientos contractuales.
No se abrieron cartas de crédito por el total de los contratos.
Todo ello pone en duda la calidad de los materiales utilizados en el acueducto.
OBRAS ENTREGADAS SIN TERMINAR Y SIN AGUA
En una de las conclusiones más graves, la CGR confirma que el MOPC traspasó la administración del acueducto a la ESSAP sin que las obras estuvieran concluidas ni recepcionadas definitivamente, generando un vacío de responsabilidades.
Además, las verificaciones in situ constataron que los tanques y centros de distribución no contaban con agua potable, incluso en comunidades indígenas supuestamente beneficiarias. Se detectaron fisuras en estructuras, falta de mantenimiento y ausencia total del servicio.
UN PROYECTO QUE NO CUMPLE SU RAZÓN DE SER
La Contraloría es categórica: el Acueducto del Chaco no está cumpliendo su objetivo fundamental, que era mejorar las condiciones sanitarias y garantizar agua potable a poblaciones indígenas y de bajos recursos del Chaco Central.
El informe expone no solo el fracaso de una obra pública, sino un modelo de gestión caracterizado por improvisación, falta de control, tolerancia a incumplimientos y uso ineficiente de recursos públicos, cuyas consecuencias siguen pagando las comunidades más vulnerables del país.