La medida alcanza no solo a Carmelo Peralta, sino también a Pozo Hondo y a todo el trayecto de la ruta Bioceánica, donde —según explicó— se iniciará una investigación exhaustiva de cada adjudicación otorgada, a fin de determinar si existieron simulaciones o irregularidades en el marco del estatuto agrario.
Ruiz Díaz sostuvo que la decisión responde a la necesidad de ordenar el uso del suelo en una zona que se encamina a un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por la integración regional y la llegada de inversiones vinculadas al transporte, la logística y los servicios.
En ese sentido, señaló que el corredor Bioceánico no puede ser tratado bajo el régimen tradicional del estatuto agrario, ya que se trata de un espacio estratégico que demandará infraestructura, estaciones de servicio, talleres, centros logísticos, almacenes de garantía y otros servicios incompatibles con un esquema de adjudicación exclusivamente campesino.
“El desarrollo de la zona exige un enfoque distinto. No se puede vender tierra simulando beneficiar al campesinado cuando, en los hechos, se trata de proyectos empresariales”, afirmó, al remarcar que cualquier venta futura deberá realizarse a valor de mercado, mediante tasaciones técnicas y transparentes.
El titular del INDERT explicó que los recursos obtenidos por la venta de tierras a valor comercial serán destinados exclusivamente a la reforma agraria, con el objetivo de beneficiar a los campesinos más vulnerables, especialmente en regiones donde se requieren caminos, escuelas, acceso a agua potable y servicios básicos.
Asimismo, anunció que ya se encuentra definida la denominada “zona de protección patrimonial del corredor Bioceánico”, que comprende el área de influencia de los puentes internacionales y un radio aproximado de 10 kilómetros a cada lado, además de una franja de 20 kilómetros a lo largo de la ruta, que será valuada bajo criterios de mercado y no bajo el estatuto agrario.
Ruiz Díaz aclaró que en los casos donde ya existan títulos de propiedad, el INDERT no podrá revertir la situación, aunque sí se avanza en el diseño de métodos de tasación para futuras operaciones. En ese marco, adelantó que la institución trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, la Cancillería Nacional y universidades europeas especializadas en valuación inmobiliaria, como la Universidad de Jaén, con miras a establecer estándares técnicos internacionales.
Además, el INDERT colabora con equipos de investigación económica del Uruguay para asegurar que los recursos recaudados tengan una gestión eficiente y con impacto social real, evitando prácticas del pasado que derivaron en obras inexistentes y procesos judiciales contra ex responsables de proyectos fallidos. “El desarrollo debe ser transparente, responsable y con resultados concretos. No vamos a repetir errores históricos”, concluyó.
Dejá tu comentario