El titular del ente agrario explicó que el INDERT viene trabajando con la Cooperativa Chortitzer para resolver la situación jurídica de colonos asentados en Campo Aceval, en el departamento de Presidente Hayes. Actualmente, unas 500 familias forman parte del proceso de regularización, lo que permitirá consolidar la seguridad jurídica sobre sus tierras y abrir oportunidades de integración productiva con el sector agroindustrial de la región.
Según Ruiz Díaz, la cooperativa menonita posee una industria láctea que actualmente opera con cerca del 60% de su capacidad instalada, utilizando principalmente materia prima proveída por sus propios socios. No obstante, la empresa busca ampliar su nivel de producción hasta alcanzar el 100% de utilización de la planta, lo que requerirá una mayor provisión de leche y otros insumos provenientes de productores locales.
En ese contexto, los colonos asentados en tierras del INDERT podrían convertirse en proveedores de materia prima para la industria láctea, generando una dinámica económica que fortalecería tanto a los pequeños productores como al sector cooperativo de la región.
El proceso de regularización es considerado clave para concretar ese objetivo, ya que la falta de títulos de propiedad limita actualmente la posibilidad de establecer relaciones comerciales formales y acceder a financiamiento.
Además del aspecto productivo, la iniciativa incluye el fortalecimiento organizativo de los productores. De acuerdo con el presidente del INDERT, la Cooperativa Chortitzer impulsa programas de asistencia técnica, inclusión financiera y asesoramiento a pequeñas organizaciones campesinas en la zona.
Incluso, consultores vinculados a la cooperativa ya trabajan con tres cooperativas de productores en Campo Aceval, brindando apoyo para mejorar su capacidad administrativa y productiva.
El modelo podría ampliarse a otras comunidades del Chaco, particularmente en la zona de Nueva Mestre, donde se estima que alrededor de 1.400 familias tienen potencial para integrarse como proveedores de insumos agropecuarios destinados a la industria láctea. La idea es fomentar pequeños comités de producción que permitan organizar la oferta de materia prima y generar un sistema de abastecimiento estable para la agroindustria regional.
DONACIÓN DE 30.000 HECTÁREAS EN PUERTO CASADO
Uno de los anuncios más relevantes realizados por Ruiz Díaz se refiere al proceso para concretar la transferencia de aproximadamente 30.000 hectáreas ubicadas en Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay.
Estas tierras están vinculadas a la Corporación ATENIL, considerada el brazo económico en Paraguay de la antigua Iglesia de la Unificación. De acuerdo con el titular del INDERT, existe una ley de donación aprobada en 2007 que establece el traspaso de estas propiedades al Estado paraguayo, lo que permitirá su posterior regularización y adjudicación a los ocupantes actuales. “Son unas 30.000 hectáreas que pasarán al nombre del INDERT y posteriormente serán transferidas a los ocupantes”, explicó el presidente del ente agrario.
El proceso se encuentra actualmente en una fase de coordinación institucional y técnica. Ruiz Díaz indicó que ya se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa y que se trabaja en la elaboración de planos, la verificación jurídica de los inmuebles y la articulación con diversas instituciones del Estado.
Entre las entidades involucradas en este proceso figuran la Escribanía Mayor de Gobierno, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la República, además de las oficinas registrales correspondientes.
El titular del INDERT expresó su confianza en que el proceso pueda concretarse durante el año 2026, siempre que se cumplan los pasos legales y técnicos previstos en la normativa vigente.
REGULARIZACIÓN URBANA Y RURAL EN PUERTO CASADO
El proceso de ordenamiento territorial en Puerto Casado también abarca la regularización del casco urbano de la ciudad. En ese marco, recientemente se realizó la entrega de varios títulos de propiedad a pobladores que durante años ocuparon sus terrenos sin contar con la documentación legal correspondiente.
Según Ruiz Díaz, la entrega inicial incluyó más de treinta títulos de propiedad para habitantes de la zona urbana, aunque el proceso continuará en los próximos meses con nuevas adjudicaciones.
El esquema acordado establece que el casco urbano fue donado al municipio, de modo que la administración municipal pueda gestionar la regularización de los inmuebles urbanos y otorgar seguridad jurídica a los pobladores.
Mientras tanto, el INDERT se encargará del proceso de regularización de las tierras rurales en coordinación con la empresa propietaria y las instituciones del Estado.
La cantidad final de beneficiarios dependerá de las condiciones que el donante establezca en la escritura pública. Entre los aspectos que podrían definirse figuran el tamaño máximo de los lotes, la distribución de las parcelas y el respeto a las ocupaciones actuales.
Ruiz Díaz explicó que estas disposiciones son fundamentales para evitar la concentración de grandes extensiones en manos de inversionistas o actores externos que no formen parte de las comunidades asentadas en la zona.
CONTROL DE OCUPACIONES IRREGULARES
El titular del INDERT también advirtió sobre prácticas irregulares que históricamente dificultaron los procesos de regularización en algunas regiones del país.
Según explicó, en ocasiones personas provenientes de otros departamentos se trasladaban temporalmente a las zonas en proceso de censo para simular ocupaciones y así intentar acceder a beneficios de la reforma agraria.
Ante esta situación, el ente agrario busca establecer mecanismos más rigurosos para verificar la residencia real de los ocupantes y asegurar que los beneficios de la titulación lleguen a quienes efectivamente viven y trabajan en las tierras.
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CAPTURA DE CARBONO
Otro de los aspectos mencionados por Ruiz Díaz es el enfoque ambiental que mantiene la Corporación ATENIL en otras áreas de su propiedad en el Chaco. La empresa cuenta con una fundación denominada Chaco Vivo, dedicada a la conservación de bosques nativos y al desarrollo de proyectos de captura de carbono, un mecanismo ambiental que permite monetizar la preservación de ecosistemas forestales.
Este sistema funciona a través de los llamados créditos de carbono, que permiten a países o empresas con altos niveles de emisiones compensar su impacto ambiental mediante la compra de certificados generados por proyectos de conservación.
En ese sentido, Ruiz Díaz señaló que Paraguay podría beneficiarse en el futuro del desarrollo de este mercado ambiental, dado que el país cuenta con extensas áreas de bosques nativos que cumplen funciones clave en la absorción de dióxido de carbono.
La conservación de estos ecosistemas, combinada con iniciativas de desarrollo sostenible, podría representar una alternativa económica relevante para regiones como el Chaco, donde la protección ambiental y la producción deben coexistir de manera equilibrada.