Durante una conferencia de prensa, la titular del ente agrario informó que el caso denunciado tiene que ver con dos expedientes administrativos: «Funcionarios de la Región Occidental me informan que varias personas se acercaron para ingresar solicitudes a nombre de otras personas, y la verificación técnica correspondiente sobre esas mismas fracciones, cuya calidad del suelo en su mayor porcentaje no son aptas para la producción. Al mismo tiempo, otros funcionarios de alto rango me informan también que se acercaron y solicitaron la intermediación de los mismos para ingresar las solicitudes ofreciendo inclusive mucho dinero», explicó.
Gail González informó que con respecto a este caso, personas afectadas, inclusive funcionarios del ente, denunciaron haber recibido amedrentamientos y amenazas contra la integridad física de los mismos por parte de terceros, temiendo incluso por sus propias vidas. Por su parte, la Fiscalía tomó el caso solicitando al ente rural las copias de los dos expedientes mencionados.
La titular del instituto rural calificó el referido caso de sumamente grave y dijo estar preocupados, por lo que, paralelamente, presentó ante el Ministerio Público formal denuncia por la comisión del hecho punible de invasión de inmueble del patrimonio del Estado, en la unidad a cargo del fiscal César Sosa, solicitando que se realice una investigación exhaustiva del caso y así tomar las medidas pertinentes.
Simultáneamente, indicó que comisionó a técnicos del ente para realizar una verificación in situ con relevamiento de situación de ocupación y mejoras de las fracciones afectadas, a fin de dilucidar el tema y conocer quién o quiénes están detrás de este hecho.