Gremios de la producción repudian operativo multiinstitucional contra un productor de cebollas en el Chaco

En un comunicado conjunto, la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) repudiaron este sábado la irrupción de una comitiva “fuertemente armada” en la finca de un conocido productor agrícola en la Picada 500, km 130, para investigar un supuesto caso de contrabando de cebollas.

Los gremios cuestionaron severamente la “predisposición y rapidez” de ciertas autoridades para intervenir la finca de un productor conocido como tal por las propias autoridades, a quien, según la denuncia, “no dudaron en calificar de contrabandista”.

Los representantes del sector productivo lamentaron que el procedimiento haya ignorado por completo la inversión, el esfuerzo y la tecnología usada para producir 70 hectáreas de cebolla bajo riego. Destacaron que fue precisamente este nivel de inversión el que permitió alcanzar la competitividad necesaria para concretar, hace apenas un año, la inédita exportación de cebolla paraguaya a la Argentina, marcando un hito para el sector hortícola chaqueño.

El comunicado sube de tono al contrastar la acción en el Chaco con la inacción frente al comercio ilegal visible en zonas urbanas. “Mientras algunas instituciones públicas se auto perciben valientes para perseguir a quienes trabajan la tierra, resulta llamativo su silencio e inacción y su complicidad por omisión ante la abierta comercialización de todo tipo de productos, “estos sí de contrabando”, en todas las esquinas de las grandes ciudades, incluso frente a estas mismas instituciones», sentenciaron los gremios.

«No podemos más que señalar que, al menos, están equivocando el camino», advirtieron. La UGP, FECOPROD y la CAP alertaron que se está llegando a una “situación límite en la que cualquier productor es culpable, salvo que logre demostrar lo contrario”, invirtiendo la carga de la prueba.

EXIGEN SEGURIDAD JURÍDICA Y SANCIONES

Los gremios fueron enfáticos al señalar que lo que el sector necesita del Estado es “seguridad jurídica y garantías reales” que fomenten la inversión y generen empleo, y no “amedrentamiento”. “Lo que necesitamos es protección”, recalca el escrito.

Finalmente, el sector productivo unificado solicitó la “sanción de los responsables de este procedimiento” y exigió “garantías reales para producir en el marco legal y bajo la supervisión de las instituciones competentes”. «Apostamos por nuestro país y queremos ser partícipes e impulsores de su desarrollo, con una producción nacional sólida que genere beneficios concretos para nuestras familias y toda la nación”, concluye el comunicado.

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