Así lo concluye un lapidario informe de la Contraloría General de la República (concluido en octubre del presente ejercicio, y remitido al Ministerio Público) que confirma que el MOPC no remitió documentación que pruebe la existencia de estudios de admisibilidad, factibilidad y viabilidad, requisitos indispensables antes de iniciar cualquier proyecto de inversión pública financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
La verificación documental realizada por el equipo auditor fue contundente: no se pudo constatar que el proyecto haya cumplido la etapa de preinversión, tal como lo exigen el Decreto N.º 5374/10 y la Ley N.º 4394/11, normas que obligan a demostrar previamente que una obra es técnica, económica y socialmente viable. La megaobra, que consistió en el enterramiento de unos 500 kilómetros de tuberías entre Puerto Victoria (ex puerto Casado) y Loma Plata, en el Chaco Central.
OBRAS SIN RESPALDO TÉCNICO NI LEGAL
De acuerdo con la normativa vigente, ningún proyecto de inversión pública puede ejecutarse sin estudios que analicen todas sus fases —desde la idea inicial hasta su operación— y que determinen su rentabilidad, sostenibilidad y compatibilidad con las políticas del Estado. Sin embargo, cuando la Contraloría solicitó formalmente estos documentos al MOPC, la respuesta fue alarmante.
Mediante un memorándum oficial, la propia Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH) reconoció que “se carece de registros” de dichos estudios. Es decir, el ministerio responsable de una de las obras más importantes para el Chaco no tenía en sus archivos los documentos básicos que justificaran su ejecución.
Lejos de asumir la falta, el MOPC intentó justificar la ausencia de documentos alegando mudanzas de oficinas y posibles extravíos, una explicación que refleja desorden institucional y una preocupante falta de control administrativo. Incluso se sugirió que los estudios “podrían estar” en otras dependencias, sin presentar pruebas concretas.
DOCUMENTOS QUE NO REEMPLAZAN LO QUE EXIGE LA LEY
Posteriormente, la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) presentó como descargo una serie de documentos técnicos elaborados entre 2003 y 2010, además de informes del Banco Interamericano de Desarrollo y dictámenes de viabilidad emitidos años después de la adjudicación de contratos.
Sin embargo, la auditoría fue clara: estos documentos no sustituyen los dictámenes formales de admisibilidad, factibilidad y viabilidad que debían ser emitidos por los órganos competentes del Sistema Nacional de Inversión Pública antes de ejecutar el proyecto. Tener estudios generales o antecedentes técnicos no equivale a cumplir con la ley.
EXMINISTROS SIN RESPUESTAS NI RESPALDO DOCUMENTAL
Los descargos de los exministros tampoco aportaron claridad. Enrique Salyn Buzarquis admitió no contar con documentación que confirme la existencia de los estudios durante su gestión, mientras que Arnoldo Wiens se desligó completamente al señalar que el hecho no correspondía a su período. Sin embargo, durante su gestión se recepcionó e inauguró (por razones electoralistas) la fallida obra, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.
La falta de archivos, la ausencia de respuestas concretas y la imposibilidad de determinar responsabilidades políticas refuerzan la conclusión del informe: el proyecto avanzó sin cumplir los requisitos legales mínimos.
CONCLUSIÓN CONTUNDENTE DE LA AUDITORÍA
Tras analizar todos los descargos, el equipo auditor se ratificó plenamente en su observación: el MOPC no acreditó haber cumplido con los estudios de factibilidad y viabilidad exigidos por ley antes de ejecutar las obras del acueducto.
Esta omisión no es un simple error administrativo. Se trata de una negligencia grave, que expuso recursos públicos millonarios a riesgos innecesarios y afectó directamente a comunidades que siguen padeciendo la falta de agua potable.
RECOMENDACIÓN IGNORADA DURANTE AÑOS
El informe recomienda que el MOPC implemente mecanismos administrativos para garantizar que ningún proyecto de inversión pública se ejecute sin cumplir previamente con todos los requisitos legales. Una advertencia que llega tarde, pero que deja en evidencia un patrón de improvisación y descontrol en una obra vital para el país.
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