Lo que debía ser una infraestructura estratégica para garantizar el acceso al agua potable en el Chaco terminó convertida en un caso paradigmático de gestión ilícita, donde el Estado pagó más, esperó casi una década y renunció a ejercer su rol de contralor, mientras el contratista avanzaba amparado en convenios modificatorios sucesivos, según el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), que seguimos desplegando.
UN CONTRATO CLARO QUE FUE IGNORADO DESDE EL INICIO
Según la CGR, el Contrato S.G. Ministro N° 362/12, firmado en noviembre de 2012 entre el MOPC y el Consorcio PS, establecía condiciones precisas: un monto de ₲ 30.948 millones, un plazo de ejecución de 12 meses y requisitos técnicos previos obligatorios. Entre ellos, uno central: la visita técnica formal y obligatoria a la zona de obras, prevista en múltiples secciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
Esta exigencia no era un trámite burocrático. Su finalidad era asegurar que el oferente conociera el terreno, las condiciones climáticas, los accesos, los riesgos hidrológicos y el alcance real de la obra, para formular una oferta seria, responsable y ajustada a la realidad.
La auditoría es contundente: no existe constancia documental de que dicha visita haya sido realizada, y el MOPC tampoco pudo demostrar que haya exigido ese cumplimiento ni que haya formulado reclamo alguno al contratista. Desde el primer acto, el contrato se ejecutó en abierta contradicción con sus propias reglas.
CONVENIOS MODIFICATORIOS: LA EXCEPCIÓN CONVERTIDA EN NORMA
La ejecución de la obra derivó en una sucesión de seis convenios modificatorios que ampliaron plazos y aumentaron montos de manera reiterada. Las causas invocadas —lluvias, exceso de humedad, atrasos en la provisión de materiales, incorporación de rubros no previstos y ajustes técnicos— aparecen una y otra vez como justificación.
Sin embargo, la CGR remarca un aspecto decisivo: estas condiciones estaban expresamente contempladas como riesgos previsibles en el PBC y debían haber sido evaluadas por el contratista antes de presentar su oferta. El contrato incluso establece que todo aquello necesario para el correcto funcionamiento de la obra debía entenderse incluido en el precio original.
Pese a ello, el MOPC aceptó modificaciones que terminaron incrementando el costo contractual en ₲ 6.077.524.627 y extendiendo el plazo de ejecución en más de ocho años respecto al plazo original de un año. Lo extraordinario se volvió rutina, y la excepción, regla.
IRRESPONSABILIDAD ESTATAL Y RENUNCIA AL CONTROL
Uno de los aspectos más graves señalados por la CGR es la ausencia total de reclamos formales del MOPC al contratista por no haber previsto condiciones técnicas y operativas que luego fueron utilizadas como argumento para encarecer y dilatar la obra.
El propio Pliego de Bases y Condiciones establece que el contratista asume los riesgos derivados del terreno, el clima y el acceso a la zona de obras. No obstante, el Estado terminó absorbiendo esos costos, trasladando al erario público el impacto de una oferta mal formulada o deficientemente evaluada.
Esta conducta no puede interpretarse como un simple error administrativo. La tolerancia reiterada a incumplimientos contractuales configura una gestión irresponsable y potencialmente ilícita, al vulnerar principios básicos de legalidad, eficiencia y defensa del interés público.
DOCUMENTACIÓN AUSENTE Y RESPUESTAS QUE AGRAVAN LA SOSPECHA
La Dirección de Auditoría Interna del MOPC admitió que no obran en sus archivos los documentos que respalden las visitas técnicas obligatorias. Más aún, sostuvo que al tratarse de contratos de “construcción” y no de “diseño y construcción”, el MOPC no estaba en condiciones de reclamar por obras complementarias.
Esta interpretación fue refutada implícitamente por la CGR, que recordó que el PBC imponía al oferente la obligación de inspeccionar la zona y prever todas las condiciones necesarias para la ejecución integral de la obra. La falta de diseño no eximía al contratista de su responsabilidad técnica ni al MOPC de su deber de control.
EL DAÑO INSTITUCIONAL Y SOCIAL
El resultado es doblemente grave. Por un lado, el Estado desembolsó millones adicionales sin respaldo técnico sólido y permitió que una obra estratégica se prolongara durante casi una década. Por otro, comunidades del Chaco vieron postergado durante años un servicio esencial como el acceso al agua potable, mientras el proyecto se diluía entre trámites, adendas y excusas.
La CGR concluye que la ausencia de documentación, la falta de controles y la aceptación acrítica de convenios modificatorios impidieron verificar el cumplimiento de requisitos esenciales y derivaron en un incremento injustificado del costo y del plazo de la obra.
UNA ADVERTENCIA QUE NO PUEDE IGNORARSE
La recomendación final de la Contraloría —fortalecer los mecanismos de control, exigir respaldo documental y mejorar la planificación— llega después de que el daño ya se haya consumado. El caso del Acueducto del Chaco queda, de esta manera, como un precedente alarmante de cómo la irresponsabilidad institucional y la laxitud administrativa pueden derivar en hechos objetivamente ilícitos, con impacto directo en las finanzas públicas y en la credibilidad del Estado.
Más que un episodio aislado, el informe expone un modelo de gestión que normaliza el incumplimiento, diluye responsabilidades y convierte la obra pública en terreno fértil para el despilfarro de recursos. Un esquema que, a la luz de la auditoría, exige algo más que recomendaciones: exige responsabilidades.
UNA IMPUNIDAD QUE ATRAVIESA TRES GOBIERNOS
Quizás el aspecto más alarmante que emerge del informe de la Contraloría General de la República no sea solo la magnitud de las irregularidades detectadas, sino el hecho de que ninguno de los responsables haya rendido cuentas hasta hoy.
La ejecución irregular del Tramo 1 del Acueducto Puerto Casado–Loma Plata atravesó, sin consecuencias, los gobiernos de Federico Franco (que empezó la obra), Horacio Cartes (que continuó sin ningún miramiento) y Mario Abdo Benítez (que la recibió por razones electoralistas), consolidando un escenario de impunidad administrativa prolongada.
RESPONSABILIDADES DILUIDAS Y ESTADO AUSENTE
La falta de acciones correctivas en los gobiernos de Franco, Cartes y Abdo Benítez configura una responsabilidad compartida por omisión y/o comisión, en la que la inacción fue tan dañina como las decisiones iniciales. Ninguna administración revisó de fondo la legalidad de los convenios modificatorios, ninguna exigió explicaciones por la ausencia de documentación clave y ninguna promovió la determinación de responsabilidades administrativas o patrimoniales.
Así, los funcionarios intervinientes, las autoridades políticas y la empresa contratista continuaron operando sin consecuencias, mientras el costo de la improvisación y del incumplimiento recaía exclusivamente sobre el Estado y, en última instancia, sobre la ciudadanía.
UNA IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA
El caso del Acueducto del Chaco demuestra cómo la impunidad puede institucionalizarse cuando los cambios de gobierno no vienen acompañados de auditorías reales, revisión de contratos heredados ni voluntad política para corregir desvíos. Lejos de interrumpirse, el esquema irregular fue convalidado por el paso del tiempo, transformando un contrato viciado desde su origen en un precedente peligroso para la obra pública nacional.
El informe de la CGR deja en evidencia que los hechos estaban documentados, las normas eran claras y las obligaciones estaban definidas, pero aun así nadie respondió. Esa falta de consecuencias explica por qué este tipo de prácticas se repiten: porque el sistema premia la desidia y castiga al contribuyente.
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